Está en marcha el proceso de Consulta para la Reforma al Artículo 2º Constitucional (texto actual) que contiene los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas en México. El INPI ha propuesto una agenda que incluye 16 temas, 51 sedes en el país, 10 de ellas en Oaxaca, así como un protocolo y unos principios para guiar el proceso (ver web).
Nuestras observaciones
De la participación en dos sedes, 13 de julio en Santiago Jamiltepec y Tlalixtac de Cabrera el 19 de julio, así como del monitoreo de las actividades del INPI en el Istmo de Tehuantepec, pudimos constatar la participación de distintos actores de las comunidades, entre representantes de autoridades municipales, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y ciudadanos, pero también algunos problemas para el impulso del proceso.
Nuestra reflexión sobre la consulta gira en torno a tres aspectos que nos parece importante mencionar: 1) Cumplimiento de los protocolos y la participación de las comunidades en los foros; 2) La entrega de recursos federales y aprobación de proyectos en las comunidades que se empata con los foros de consulta y se contradice con la nombrada separación del poder político del poder económico que promociona el presidente de la república y 3) la necesidad y trascendencia de una reforma sobre el reconocimiento de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La metodología planteada no corresponde con las fases de la consulta y la fase informativa sigue adoleciendo de serios problemas, en especial si aplicamos los criterios de previa, buena fe y culturalmente adecuada. En este sentido, aunque con algunos días de anticipación hubo en línea información sobre la consulta, convocatoria, principios y criterios; solo se dio difusión a la convocatoria, el documento de principios y criterios fue entregado en copias a las personas asistentes en las diversas sedes lo que causó malestar por la falta de tiempo para revisar, comentar y traer propuestas, como estipula la convocatoria. Con ello se concentraron 3 fases en un día: informativa, deliberativa y consultiva.
Por ejemplo, en la sede de Jamiltepec (región Mixteca-Costa), se vieron reducidos a un programa cultural, dos horas de discusión donde se repartieron 16 temas en 6 mesas; con asistentes desinformados acerca de los temas a discutir, porque una reforma de tal magnitud, debió cubrir como señala la convocatoria, la realización de los Foros Regionales de Consulta (actos previos). Sigue siendo fundamental hacer llegar a las comunidades los temas enunciados en el foro, para que los pueblos, las comunidades y personas interesadas tengan puntos de partida para el análisis y reflexión en el proceso de consulta, y no solo hacer llegar la convocatoria a las comunidades con pequeñas reuniones para cubrir lo establecido, como constatamos en el Istmo de Tehuantepec, donde además se acaba de realizar la “consulta” sobre el proyecto multimodal en días fines de semana.
Por ello, en las mesas de discusión se pudo vislumbrar la falta de información de los asistentes sobre los temas a discutir, por mencionar la mesa 1 (que concentró los temas: SUJETOS DE DERECHO PÚBLICO, LIBRE DETERMINACIÓN, AUTONOMIA Y LA NUEVA RELACIÓN DEL ESTADO CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA REFORMA INSTITUCIONAL), en esta mesa no se hizo esperar la voz de uno de los presentes de que estos temas se deben de analizar en dos días porque se debe explicar minuciosamente con interprete al idioma de los presentes, no hubo participación suficiente respecto a los temas, pero se dieron a relucir las quejas como lo es que no se ha priorizado los proyectos de los pueblos indígenas y que han buscado a los coordinadores quienes omiten recibirlos, así mismo la queja por los visitadores de la defensoría de los Derechos Humanos quienes intervienen a la defensa de un detenido y no permiten a las autoridades implementar sus sistemas normativos, y por ello la participación de uno de los asistentes la importancia de la reforma constitucional para que dejen a los pueblos ser libres en sus decisiones, en este foro se vislumbró que muchos los presentes asistieron por cortesía de corresponder al INPI por los proyectos y apoyos que han sido aprobados.
En el caso de Tlalixtac la presencia fue poca en relación a la densidad poblacional y la presencia de pueblos y comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, hubo mesas con muy poca participación como la mesa 5 de patrimonio cultural, con solo 8 personas y en la Mesa 1 una parte importante de la discusión se concentró en la relación entre cabeceras y agencias municipales. Sin duda, una de las mesas más complicadas era la de Tierra y Territorio, donde organizaciones y municipios buscan detener los proyectos mineros en marcha, resolver los problemas agrarios, acceso al agua. Más que propuestas se escucharon preocupaciones y demandas de solución al gobierno federal.
La trascendencia de una reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas no es cosa menor ni una dádiva política para los pueblos originarios; se trata de justicia, de saldar una gran deuda histórica, que el estado mexicano ha postergado desde su consolidación, al consumarse la guerra de independencia,. Se trata no solo de “reconocer la existencia (como sujeto de derecho público) y riqueza biocultural de los pueblos originarios y afromexicanos” sino de generar mecanismos para que en los hechos, los pueblos originarios ejerzan la gobernanza sobre su tierra y territorio de acuerdo a sus sistemas normativos. Lo cual cobra gran relevancia en tiempos de neo-extractivismo.