“Actualmente la agenda legislativa tiene en la prioridad esta norma, porque la necesitan para justificar distintos actos represivos que ya ven venir los priístas”
A pesar de que “la tortura en México representa un problema de carácter generalizado” como lo dio a conocer el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) en un comunicado, la agenda legislativa está centrada en un proyecto de Ley de Seguridad Interior.
Antes del 30 de abril, el congreso quiere aprobar la Ley de Seguridad Interior. Como organismo defensor de derechos humanos, sabemos que esta ley es inconstitucional y que el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, de acuerdo con los artículos 73 y 21 de la Constitución.
La aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se encuentra estancada desde octubre de 2015, las organizaciones civiles que aportamos insumos para que esta ley comprenda estándares internacionales en materia de derechos humanos, seguimos alertas ante la pronta aprobación de una ley que represente todo aspecto regresivo, como es la Ley de Seguridad Interior.
“Lo preocupante de esta ley es que puede usar o autoriza usar la fuerza letal en las protestas o manifestaciones a consideración de las bases militares distribuidas en el territorio nacional, pues ellos podrán decidir sin ningún control, sobre las acciones que realicen y que ellos consideren necesarias” explica Alba Cruz, abogada e integrante de CODIGO DH.
Las iniciativas de Roberto Gil Zuarth, Cesar Camacho, Martha Tamayo y Luis Miguel Barbosa, que buscan consolidar la militarización del país; autoriza al ejército a usar la fuerza para repeler o controlar actos de resistencia no agresiva; incluso, con cita textual avala “la utilización de técnicas, tácticas y métodos por la Fuerza Armada Permanente […] para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva”.
“Y no se puede pedir información respecto a esas acciones, porque serán consideradas información de seguridad nacional” ratifica Alba.
Permitir que el Presidente, de manera unilateral y sin aprobación del Congreso, incremente la participación de los militares en funciones de seguridad pública, significa un retroceso y da paso a más violaciones graves a derechos humanos, pues hay que destacar que en 2006 cuando se sacó el ejército a las calles, el número de homicidios se triplicó.
“La ley da paso a casos como Nochixtlán porque el ejército tendría el control territorial de seguridad y político en un territorio específico donde se amplían las facultades del ejército para hacer frente a conflictos de violencia interna, es decir ,si declaran un territorio en conflicto, implicaría la intervención inmediata del ejército, lo que significaría un retroceso en materia de derechos humanos de 40 años, porque debilita el marco legal que hasta ahora tenemos en la materia”
La SEDENA, misma que pretende instalar una zona militar en los valles centrales de Oaxaca, han sido responsables de graves violaciones a derechos humanos como tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, así como retención ilegal y detención arbitraria.
“Actualmente la agenda legislativa tiene en la prioridad esta norma, porque la necesitan para justificar distintos actos represivos que ya ven venir los priístas” expresa Alba.
Por lo pronto ni la Ley General Contra la Tortura, ni la Ley General Contra la Desaparición Forzada, son prioridad en el país y eso nos mantiene en alerta a los organismos defensores de derechos humanos de Oaxaca y del resto de la República.
**Con información de:
- seguridadsinguerra.org
- Iniciativa de la Ley de Seguridad Interior de Roberto Gil Zuarth