- Oaxaca es un Estado confrontado por la violencia de Estado que se vivió el pasado 19 de junio y que sigue sin solución.
- Sin avance sustancial las investigaciones y el deslinde de responsabilidades en las graves violaciones a los DDHH cometidas el pasado 19 de junio.
Este sábado, 19 de noviembre, se cumplen 5 meses del operativo policial “Oaxaca”, que costó la vida a ocho personas y dejó cientos de personas heridas, afectando de manera grave a las poblaciones de Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo, San Francisco Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera. Al día de hoy, las investigaciones se encuentran estancadas y solamente ha habido un policía retirado de su cargo, como presunto responsable de la muerte de Yalid Jiménez.
El Informe, basado en testimonios y el análisis de diversos documentos concluye que el Operativo “Oaxaca” realizado el 19 de junio vulneró Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, el derecho a no sufrir tortura, a la libertad, al debido proceso legal y la seguridad jurídica, a la salud, a la libertad de expresión, los derechos de las mujeres y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
A manera de resumen, los saldos del operativo fueron siete personas ejecutadas con arma de fuego y una persona que falleció a causa de una explosión. Al menos 226 personas civiles con lesiones de diversa índole: Nochixtlán 137 personas atendidas en diversos servicios médicos públicos y privados, entre ellas 33 niñas y niños de la Colonia 20 de Noviembre. En Huitzo y Telixtlahuaca se contabilizaron 81 víctimas directas del operativo. En Hacienda Blanca y Viguera, 8 personas fueron atendidas en el puesto médico instalado en la Escuela Carmen Serdán. Por su parte, la Policía Federal reportó 73 elementos lesionados. En cuanto a detenciones, 27 personas fueron detenidas arbitrariamente ese día las cuales fueron sometidas a diversas clases de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, desde el momento de su detención hasta su llegada al Cuartel.
El Informe incorpora 12 recomendaciones en materia de seguridad pública, gobernabilidad, investigación de violaciones de derechos humanos y delitos, sanción y deslinde de responsabilidades de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y atención a víctimas.
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