Las consecuencias potenciales del TPP son graves, no tanto en términos económicos como en términos sociales, políticos y jurídicos. No solo los altamente debatidos arbitrajes de diferencias inversor-estado (ISDS; por sus siglas en inglés) sino que amenaza directamente los derechos civiles y humanos de lxs ciudadanxs, cuyos gobiernos con la firma del contrato cedieron a la presión de las grandes empresas.
Dos ejemplos. Con la regulación de exclusividad de datos, una parte importante del acuerdo, los precios de medicamentos se multiplicarán, volviendose inaccesibles para la población más pobre de modo que muy probablemente violará el derecho a la salud. Además, con respecto a la ecología, el tratado, que se puede considerar incompatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (2030), dificultará el acceso a herramientas de regulación de contaminantes, influirá en el sistema de etiquetas ecológicas y facilitará a grandes empresas de energía y minera evadir las leyes ecológicas, repitiendo las consecuencia del TLCAN e infringiendo así el derecho a un medio ambiente sano.
Por último cabe mencionar que también la recién acordada instalación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) se debe mirar con este trasfondo. Contrastando estas dos formas de zonas comerciales extraordinarias, las ZEE y las áreas transnacionales de libre comercio, en esta oposición se refleja el conflicto entre la versión estadounidense y la versión china del capitalismo, que se antoja dificil conciliar.
Como avisa Carlos Manuel Sánchez Ramírez, economista de la UNAM, en un artículo recién publicado sobre el TPP, la iniciativa corre “el riesgo de repetir los errores de la inserción del país al TLCAN, convirtiendo ahora la región suroeste en una nueva plataforma de exportación para las grandes empresas extranjeras, sin conexión con la industria nacional”.