- En un video difundido en redes sociales se observa como elementos del ejército y policía federales torturan a una joven mujer como para obtener información.
- La Secretaría de la Defensa Nacional abrió la investigación en la jurisdicción militar por el delito de “desobediencia”.
- Estos hechos ameritan una profunda investigación y demuestran la necesidad de contar en México con un marco normativo adecuado que reconozca la grave problemática de la tortura y ésta se investigue, se castigue y se repare conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Este jueves 14 de abril, circuló por redes sociales un video en el que un grupo de militares y policías torturan a una joven con el empleo de bolsas para provocar ahogamiento y con la simulación de ser ejecutada. Según la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, pero fueron hechos públicos hasta el día de hoy mediante la difusión de un video en redes sociales. Destacamos que en su comunicado, la propia SEDENA reconoció la autenticidad del video y los hechos que se documentan.
De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades militares tuvieron conocimiento de los actos hasta el 10 de diciembre de 2015 por lo que la SEDENA dio “vista inmediata al Ministerio Público Militar” y el 4 de enero del 2016, a un año de los hechos, informó a la Procuraduría General de la República para que “determine la responsabilidad en cuanto a „las afectaciones civiles”. Las autoridades militares, señalan también, que fue hasta el 11 de enero que se dictó auto de formal prisión a la policía militar y el elemento de tropa, “quienes están a disposición del Juez Quinto Militar como probables responsables de los hechos y sujetos a proceso penal por el delito de encubrimiento.”.
Los firmantes rechazamos que los militares involucrados estén sujetos a un proceso penal en el fuero de guerra, ante un juez militar, y no ante un juez ordinario, pues los actos de tortura de acuerdo a la legislación nacional deben ser competencia de la PGR y los involucrados deben ser procesados ante los jueces civiles. Al respecto, la SEDENA argumentó que el proceso se desarrollará en los “dos fueros”; en el militar, por “desobediencia”, únicamente, y en el ordinario, por el delito que la PGR considere.
Estos hechos, incluyendo la conducta pública de los mandos militares minimizando la gravedad de los hechos, explican la institucionalidad de la tortura en nuestro país y demuestran la necesidad que el marco normativo se modifique para que todo acto de tortura se prevenga, investigue, castigue y repare conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Por ello, los hechos que exhibe el video, y otros muchos casos más de tortura, deben ser considerados para acelerar y profundizar la discusión que actualmente se llevan a cabo en el Senado sobre los contenidos de la Ley General de la materia.
Exigimos de la Procuraduría General de la República, como una instancia civil, investigue y acuse ante jueces ordinarios a los responsables de estos hechos sucedidos en 2015, e informe de los avances sobre las investigaciones.
De la misma forma exigimos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que realice el contacto con la persona, que se observa en el video siendo torturada, para verificar su situación legal y su afectación psicológica, ya que como señalan los medios de comunicación, esta persona actualmente se encuentra detenida. Consideramos, que Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debe intervenir e integrar de oficio una queja por violaciones graves a los derechos humanos e investigar: la cadena de mando la conducta de las autoridades superiores que ordenaron estas conductas y el alcance de la autoría intelectual de estos hechos.
A la Comisión Nacional de Seguridad, exigimos también, informe sobre la situación legal de los elementos que intervinieron en esta tortura, de su posición sobre los hechos e informe sobre el seguimiento de los casos, las sanciones disciplinarias y penales a los Policías Federales involucrados.
Firmantes
ASILEGAL A.C
Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, AFADEM
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. A.C.
Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P., A.C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADHAC A.C
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad CCTI
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, CCDH.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.
Documenta A.C.
Fundación para el Debido Proceso Legal A.C
Fundar, Centro de Análisis e Investigación. A.C
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. A.C.
México, Derechos Humanos.
Presunción de Inocencia A.C.
Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Miguel Sarre, Maestro en Derechos Humanos y actual académico del ITAM.
Carlos Ríos, Consultor en Derechos Humanos
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos.