El pasado 10 de julio de 2015, con la reforma del artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso para expedir leyes generales en diversas materias, entre ellas la tortura y desaparición forzada. Se estableció un plazo de 180 días para ser expedidas. La institución que fue nombrada como responsable de redactar la Iniciativa fue la Procuraduría General de la República, quien, paradójicamente, registra el mayor número de denuncias por tortura a nivel nacional.
Ante esto, numerosas organizaciones de la sociedad civil comenzamos a señalar la necesidad de abrir el proceso de redacción de la Iniciativa de Ley para que incluya a organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, la academia y, en especial, a víctimas. En un comienzo, la PGR se mostró reacia a esta apertura y únicamente se reunió con un contado número de representantes de la sociedad civil, con quienes compartió la Iniciativa de Ley que habían elaborado y que en ningún momento fue hecha del dominio público.
Ante esta cerrazón, organizaciones de la sociedad civil de diferentes Estados del país expresamos nuestra preocupación ante la opacidad del proceso de elaboración e hicieron público un documento que enumeraba los contenidos mínimos que debería incorporar la nueva Ley General para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de tortura. Al mismo tiempo, se contó con la presencia de Claudia Medina, sobreviviente de tortura, cuyo testimonio mostró la imperiosa necesidad de contar con una legislación eficaz y elaborada desde el respeto a la perspectiva de las víctimas.
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