América: Defensoras y defensores de derechos humanos sufren cada vez más ataques
En toda América, las defensoras y defensores de derechos humanos sufren niveles crecientes de intimidación, hostigamiento y ataques a manos de las fuerzas de seguridad, grupos paramilitares, empresas y bandas criminales, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El informe [disponible en: http://goo.gl/S98Ry] , titulado Transformar dolor en esperanza: Defensoras y defensores de derechos humanos en América, se basa en más de 300 casos de intimidación, hostigamiento, ataques y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en una decena de países, ocurridos entre enero de 2010 y septiembre de 2012. 47 de estos casos se refieren a ataques ocurridos en México. Para el caso de Oaxaca retoma los casos de las defensoras Alba Cruz y Betina Velasquez.
“En casi todos los países de América se somete sistemáticamente a las defensoras y los defensores de derechos humanos a hostigamiento, ataques y cargos penales infundados con el fin de impedirles defender los derechos de las personas más marginadas”, ha declarado Nancy Tapias Torrado, investigadora de Amnistía Internacional sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en América.
En países como México, defensoras y defensores sufren hostigamiento judicial, son detenidos sobre la base de pruebas deficientes o enfrentan durante años cargos falsos contra ellos porque se dictan órdenes de detención que luego no se ejecutan.
Los defensores indígenas de derechos humanos José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, de Puebla, México, quedaron en libertad el 28 de noviembre de 2012, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anulase la declaración de culpabilidad dictada injustamente contra ellos, tras casi 3 años en prisión, acusados de un delito que no cometieron. Fueron acusados y condenados en represalia por su legítimo trabajo en defensa del acceso al agua en su comunidad.
La denuncia había sido presentada por un miembro del grupo del cacique local que durante muchos años había restringido el acceso al agua y cobraba por la toma de agua lo equivalente al salario de cuatro meses de muchos de los integrantes de la comunidad. Los dos defensores habían luchado para hacer llegar canalizaciones principales de agua hasta los hogares.
La decisión de la Suprema Corte sobre este caso confirma la conclusión de Amnistía Internacional de que la causa emprendida contra estos defensores era una total injusticia.
En México, el Congreso aprobó por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en abril de 2012. Esta Ley establece un mecanismo para proteger a defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo, en uno de los países del mundo más peligrosos para ejercer el periodismo y defender los derechos humanos.
Ahora es fundamental que las y los diputados mexicanos, se aseguren de que durante las discusiones en torno al presupuesto de egresos de la federación, se asignen los recursos necesarios para garantizar el eficaz funcionamiento del mecanismo de protección.
“Hombres y mujeres que trabajan para proteger los derechos humanos están en la mira, pues poderosos intereses económicos y políticos los perciben como un obstáculo a proyectos de desarrollo de gran envergadura”, ha dicho Nancy Tapias Torrado.
Entre las personas que son blanco especial de ataque están quienes trabajan en cuestiones relativas a la tierra y los recursos naturales, los derechos de las mujeres y de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo, y los abusos contra las personas migrantes, quienes trabajan para que se haga justicia por los abusos cometidos contra los derechos humanos, así como periodistas, blogueras y blogueros y sindicalistas.
De los casi 300 casos analizados por Amnistía Internacional en América, sólo en 4 se declaró culpables a los autores materiales.
Casi la mitad de los incidentes documentados por Amnistía Internacional tuvieron lugar en el contexto de disputas de tierras, en países como Brasil, Colombia y Honduras, muchas veces relacionadas con proyectos de desarrollo de gran envergadura dirigidos por empresas privadas.