- Continúa la impunidad ante la falta de actuación de la autoridad ministerial.
- Sin avances las indagatorias de las diversas agresiones a Marcelino Coache
Hace un año, en el marco de la visita del presidente Felipe Calderón a Oaxaca, la Policía Federal agredió a manifestantes que se encontraban en el centro de la ciudad, entre ellos a Marcelino Coache, quien recibió un impacto de bomba de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejo malherido y con secuelas permanentes. Afirmamos que en este caso se hizo un uso criminal de las “armas no letales”, como parte de la criminalización de la protesta social, pues el proyectil fue disparado directamente sobre él por un elemento policíaco.
Hasta el momento las investigaciones no presentan mayor avance. El pasado 24 de enero en el lugar de los hechos se realizó una diligencia de inspección ocular programada por la PGR, de la que dan cuenta algunos medios que llegaron al lugar; sin embargo con fecha 31 de enero se notifica la consulta de la reserva de la investigación, “en virtud de que la institución ministerial no tiene acreditada la identidad del sujeto activo, ni siquiera es posible identificar a que corporación policial pertenece (el agresor)”. Resulta necesario resaltar que las fuerzas policíacas que ahí se encontraban están identificadas plenamente, más aún en el lugar estuvieron los funcionarios encargados del mando de dicho operativo, lo que fue un hecho notorio que no ha recabado la autoridad ministerial.
El caso Marcelino Coache pone en evidencia la impunidad prevaleciente en el Estado y la falta de resultados del aparato de justicia. La dilación de la justicia es evidente, violándose el derecho al acceso a la justicia. Cabe mencionar que doce denuncias han sido presentadas en un periodo de tres años, de junio 2008 hasta la última presentada en enero de 2012, violentándose con ello el derecho al debido proceso legal, a la integridad y a la seguridad personal, derechos estos que no han sido garantizados por el Estado.
Cabe recordar que el Sr. Marcelino Coache y su familia cuentan con medidas cautelares por parte de la CIDH desde 2009, por la tortura y agresiones de que ha sido objeto, y a pesar de ello el Estado Mexicano no ha realizado acciones que garanticen de una forma efectiva la seguridad de Marcelino Coache y su familia, pero peor aún no se han realizado acciones efectivas tendientes a conocer el origen de las amenazas, agresiones y tortura que ha sufrido, así como la plena identificación y sanción a los responsables de estos hechos.
Ante la imperante impunidad en que se pretende dejar este caso, por parte del órgano de procuración de justicia exigimos:
- Una investigación seria, efectiva y pronta que garantice el acceso a la justicia.
- El cumplimiento efectivo de las medidas cautelares que la Familia Coache Rivera tienen otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
- Exigimos Justicia, no más impunidad.
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC