El pasado 30 de agosto, se presentó en la Ciudad de San Cristobal de las Casas, Chiapas, el Informe Anual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas “Late la tierra en las veredas de la resistencia”.
La presentación fue realizada por Magdalena Gómez (UPN), integrantes de la Otra Campaña de Bachajón, la Parroquia de San Pedro Chenalhó, DESMI, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y CODIGO DH.
Lea la participación de Sara Méndez.
Algunas reflexiones sobre el capítulo 3
Compartimos con el Frayba y su análisis, que 2010 ha sido un año donde claramente podemos apreciar como se “normaliza” la criminalización de la protesta social y la persecusión a defensor@s de derechos humanos. Si bien Chiapas es un claro ejemplo de esto, la situación en el resto del país demuestra exactamente lo mismo, pues los gobiernos, cito: “han obstruido el ejercicio de los derechos humanos ignorando las demandas sociales, postergando respuestas, administrando y agudizando conflictos, tergiversando y/o negando información, y descalificando a los que se manifiestan y/o protestan señalándolos como desestabilizadores de la paz social.”
Esta situación no ha pasado desapercibida, tan es así que organismos internacionales, como la CIDH y la OACNUDH han manifestado su preocupación por la vida y seguridad de defensores y defensoras en sus últimos informes y el otorgamiento de medidas cautelares y provisionales. Leemos en el Informe del Frayba que las agresiones a defensor@s han sido diversas a lo largo de 2010, desde asesinatos como el de Bety Cariño y Jyri Jakkola, pasando por hostigamientos y amenazas a defensor@s de migrantes. Y no olvidamos que hace ya diez años Digna Ochoa fue asesinada y el caso sigue sin resolverse.
En Chiapas, el repertorio incluye la revisión de la situación migratoria de miembros de organizaciones que realizan labores de observación internacional (como Sipaz) y monitoreo a megaproyectos (como Otros Mundos y Ciepac); hostigamiento a las organizaciones de DH en comunidades (como el Frayba en Chilón y Tila), la detención de defensores (como lo sucedido a 3 compañeros del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa aquí presentes); la vigilancia a promotores de derechos humanos en comunidades, amenazas de muerte (Margarita G. Mtez. de Enlace), vigilancia y hallanamiento de domicilios para sustraer documentación valiosa en casos de tortura (Julio César Pérez y José Alejandro Meza).
Esta situación de hostigamiento y amenazas tiene como trasfondo el acompañamiento del movimiento social, que también ha sido fuertemente golpeado; asesinados y encarcelados varios de sus líderes (pag. 57). Y esta situación se repite a lo largo y ancho del país, me atrevería a decir. En Oaxaca vemos que quienes siguen siendo hostigados son defensor@s que mantienen la exigencia de justicia, de castigo a los responsables de la represión y de sanción a la corrupción del gobierno anterior, como el sindicalista Marcelino Coache o nuestra compañera defensora Alba Cruz.
Vemos con preocupación, que la situación de agresiones a defensor@s se agrava ante la virtual censura que el gobierno del estado ha ejercido sobre los medios de comunicación locales y que tiene en los casos de Isaín Mandujano y Angeles Mariscal, un claro ejemplo. Por otra parte, el Informe señala también el hostigamiento a las radios comunitarias (como Radio Proletaria 107.5) y contra capacitadores de software libre. Mención especial merece la expulsión de Gianni Proiettis (profesor de la UNACH y corresponsal de Il Manifesto) a raíz de su participación como periodista en la Cumbre de Medio Ambiente realizada en Cancún el año pasado, con este acto queda de manifiesto que la censura está ejercida tambien desde el nivel federal.
Lo anterior contraviene la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que señala, “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.”
Nos queda claro, la labor de denuncia y defensa de derechos humanos no es bienvenida en los grupos de poder e interés locales, regionales y nacionales -y aun trasnacionales- que usan el poder público para servirse de él y garantizarse impunidad. En este sentido se entiende perfectamente la campaña de hostigamiento en los medios, estatal y nacional, que busca claramente deslegitimar la labor de denuncia y defensa de violaciones a los derechos humanos y que tiene en las recientes declaraciones del Secretario de Marina, Francisco Saynez, un claro ejemplo de esto (julio 2011). Esta campaña se extiende también al movimiento social, y en especial a los pueblos en resistencia y sindicatos, sobre los que viene un fuerte golpe con la reforma laboral en puerta.
Por ello, reviste mayor importancia que este capítulo destaque el reconocimiento a varios defensor@s de derechos humanos, sobre todo a nivel internacional. No quiero dejar de mencionar que este reconocimiento es también nacional y local. En enero de 2010 Don Samuel Ruíz acudió al penal del Amate para entregar el reconocimiento jCanan Lum a Alberto Patisthan, maestro tzotzil de El Bosque, encarcelado desde junio 2000. A quien desde aquí también queremos decirle que en Oaxaca seguimos con mucho interés su caso.
Por otra parte, a raíz de sus compromisos internacionales, el marco jurídico mexicano se ha ido modificando, y si uno mira la reforma constitucional en materia de derechos humanos, hay un gran avance, pero como bien señalan los compañer@s del Frayba en su Informe, pero también hay un “vacío en las prácticas”. Este doble juego: leyes de avanzada- mano dura tiene grandes pendientes como el derecho de asilo, la eliminación del fuero militar y el arraigo, muy de moda por estos rumbos. En Chiapas, el juego de espejos incluye además el “cumplimiento de los objetivos del milenio” con sus ciudades rurales, mucha publicidad y la creación de nuevas instancias para la atención de derechos humanos.
El Informe del Frayba desnuda en este capítulo, el intento del gobierno de Chiapas por neutralizar a l@s defensor@s, al Frayba y los mecanismos usados. Y ante esto nos queda el trabajo en el terreno, el reconocimiento de organizaciones y comunidades que reconocen la labor de defensa y acompañamiento -sea en brigadas de observación o de casos concretos-, la documentación, la denuncia y el monitoreo, el cabildeo y la Resistencia, donde efectivamente, “late la tierra”.
No es fácil el camino, y hemos escogido continuar en la defensa de los derechos humanos, a pesar de lo intransitable que pueda parecer en ocasiones, y allí el ejemplo de Dn Samuel, de Felipe y l@s defensor@s que han dado su vida nos alientan y nos comprometen.