*Estudiantes de Diplomado sobre Tortura en Oaxaca, expresan su preocupación frente a la postura del Gobierno Federal ante los hechos ocurridos contra los normalistas de Ayotzinapa.
*Consideran insuficientes las pruebas de la PGR presentadas a familiares el pasado 7 de noviembre.
Los estudiantes del Diplomado “INVESTIGACIÓN DE LA TORTURA: MANEJO DEL PROTOCOLO DE ESTAMBUL”, quienes somos profesionales interdisciplinarios del Derecho, la Psicología y la Medicina, expresamos nuestra profunda preocupación frente a las recientes declaraciones realizadas el día 7 de noviembre de 2014 por parte del Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero.
Consideramos que las pruebas presentadas en dicha conferencia de prensa son insuficientes y no permiten llegar a una conclusión científica de los hechos aludidos1, por el contrario intentan frenar la demanda de la opinión pública nacional e internacional para la presentación con vida de los 43 normalistas.
Tomando en consideración la reconstrucción de los hechos realizada por la PGR y el video presentado, OBSERVAMOS lo siguiente:
- No reprodujo elementos fundamentales de la forma y posición en que fueron trasladadas las 43 o 44 personas en los dos vehículos mencionados en los testimonios;
- Omitió la reproducción de la ejecución de las personas que conforme a las declaraciones, estaban vivas al momento de llegar al basurero de Cocula;
- No informa de las pruebas periciales practicadas a los vehículos donde se presume fueron trasladadas las 43 o 44 personas;
- No se realizó la reproducción de la mecánica completa de cómo fueron arrojados los cuerpos, incumpliéndose la obligación de recrear las mismas características de los eventos narrados;
- Refiere el calcinamiento total de los cuerpos el cual es científicamente improbable, en particular, dada la ausencia de pruebas de que se haya realizado una hoguera de grandes dimensiones en el lugar de los hechos;
De lo anterior se desprende que hasta el momento en que fue presentado el video con la “Reconstrucción de Hechos” no existen las pruebas contundentes para darle veracidad a las declaraciones de los detenidos. No es posible darle credibilidad a estas declaraciones cuando científicamente no hay forma de corroborarlas, es decir, que en el presente caso no se ha cumplido con una investigación apegada a los lineamientos de las Ciencias Forenses quedando evidenciada la falta de responsabilidad de la PGR en la búsqueda de la verdad histórica de los hechos.
Consideramos de particular gravedad las declaraciones emitidas por el Procurador, pues tienen en este sentido, un efecto directo de revictimización de las familias, ya que a falta de elementos para llegar a conclusiones contundentes deja a los familiares en un estado de desgaste emocional, inestabilidad y una incertidumbre al no saber el paradero y la situación de sus seres queridos.
Las investigaciones forenses tienen una fuerte relación con los impactos psicosociales ya que estas pueden provocar revictimizaciones en los familiares o pueden proporcionar elementos reparadores, según la forma en que se realicen.
Cabe recordar que la desaparición forzada se convierte en una forma de tortura recurrente, que trae como consecuencias secuelas en la esfera de lo individual, familiar y social; lo cual estamos observando con las familias de los jóvenes, quienes desde hace más de 40 días permanecen en la Escuela Normal Isidro Burgos, dedicados todos a dar con el paradero de sus hijos. Asimismo, las desapariciones forzadas rompen el tejido social y generan impacto no sólo en las victimas afectadas de manera directa sino en la sociedad en general.
Ante la información presentada por la PGR las y los alumnos del Diplomado “INVESTIGACIÓN DE LA TORTURA: MANEJO DEL PROTOCOLO DE ESTAMBUL” exigimos al Gobierno Federal que:
- La información que se dé a conocer sea sustentada científicamente, a través de todas las pruebas periciales posibles.
- Se realicen todos los esfuerzos para buscar con vida a los 43 jóvenes hasta dar con su paradero, esclareciendo los hechos, evitando por todos los medios cualquier obstaculización de los procesos de búsqueda y la revictimización de las familias.
- El Estado y todos los actores involucrados promuevan y faciliten la participación de los familiares en los procesos de búsqueda e investigación forense.
- Informen sobre los resultados obtenidos en todas las fosas clandestinas descubiertas en la región.
- Esclarezca el papel del Ejército en estos hechos, así como las redes de corrupción que involucran a autoridades municipales, estatales y federales.
- El Estado asuma la responsabilidad de las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron por acción u omisión de los distintos niveles de gobierno.
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El Estado cumpla con la obligación de llevar a cabo una reparación integral de daños en base a los estándares internacionales que ha establecido la CIDH.