Ayer por la tarde se realizó la reunión para tomar acuerdos sobre la siguiente fase de la consulta en Juchitán de Zaragoza. La consulta se realiza para la instalación del Parque de Eólica del Sur.
Es de señalar que las participaciones dando propuestas para corregir el protocolo o haciendo preguntas críticas sobre el proceso, no fueron bien rebididas por la mayoría de los asistentes quienes abuchearon durante la sesión a varias personas, generando un clima de crispación y tensión.
Pasadas las 9 de la noche, en medio de gritos se realizó la votación para dar cabida a la siguiente fase de la consulta, a la que el grupo mayoritario, había en el lugar cerca de 200 personas en el lugar, aprobó. Un grupo minoritario demandaban más tiempo para analizar el protocolo presentado y entregar sus propuestas y voto en contra. Realizada la votación, el nivel de reclamo y confrontación entre ambos grupos se incremento, llegando a los empujones y jaloneos.
Varias personas fueron empujadas y amenazadas en este momento, entre ellas Mariano López de la APPJ quien se vio rodeado por personas sospechosas en un intento por agredirlo, situación que fue detectada por las mujeres de la APPJ quienes lo rodearon y evitaron una agresión directa a su persona. Una situación similar pudo verse en el caso de Rodrigo Peñaloza de la APIIDTT.
Adicionalmente, defensoras de la APPJ han recibido nuevas llamadas de amenaza esta semana, cuestionando su participación en la consulta “la tenemos en la mira” han dicho. Esto nos preocupa fuertemente, dado el nivel de confrontación, de criminalización hacia las personas con opiniones contrarias y los interesés económicos que se juegan para la aprobación del parque de Eólica del Sur.
Ante esta grave situación,
Demandamos al estado mexicano, garantías de seguridad para las personas que han externado opiniones críticas sobre el proceso de consulta y el protocolo entregado el pasado lunes, entre ellas Mariano López, Isabel Jiménez y otros integrantes de la APPJ y la APIIDTT.
Instamos al Comité Técnico de la Consulta a garantizar las medidas de seguridad adecuadas, para evitar que en las dos reuniones faltantes los asistentes se enfrenten físicamente, y reconozcan que si no hay garantías para una participación equitativa de todos los asistentes, sea suspendida ante el incumplimiento de los estándares que pretende cumplir.