–Detenido el presunto asesino del camarografo norteamericano Roland Bradley Will.
-Demandamos una investigación firme y con sustento jurídico.
El día de ayer diversos funcionarios públicos han informado de la detención de Lenin Osorio Ortega como presunto autor material del asesinato del camarografo norteamericano Roland Bradley Will. Recordamos que por estos hechos estuvo preso 16 meses Juan Manuel Martínez Moreno, quien obtuvo finalmente su libertad en febrero de 2010, al quedar demostrada su inocencia.
Si bien, nos congratulamos del trabajo que ha realizado la Fiscalía en Delitos de Trascendencia Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para alcanzar estos resultados, seguimos exigiendo una investigación firme que identifique también a los autores intelectuales, a los que tienen que ver con la responsabilidad objetiva, por omisión impropia o por comisión por omisión.
No es creíble la afirmación de la PGJE diciendo que no hay indicios de autores intelectuales, cuando la SCJN determinó las omisiones de los funcionarios en esa época. Pero sobre todo, cuando múltiples testimonios indican que este día 27 de octubre fueron varios los ataques a las barricadas que simpatizantes de la APPO y maestros mantenían en diversos puntos de la ciudad. Además de Santa Lucía, el Crucero de 5 Señores, Santa María Coyotepec y La Experimental fueron atacados por grupos parapolicíacos vinculados al gobierno del estado; hubo este día dos asesinatos más, Emilio Alonso Fabián y Esteban Zurita López. Ni sobre estos hechos, ni sobre los asesinatos ocurridos en 2006 hay avances sustanciales.
Es por ello que insistimos, la averiguación en contra de Osorio Ortega debe tener la firmeza y argumento jurídico suficiente para que se aplique la ley y se haga justicia, y se siga indagando respecto de la comisión del delito por omisión, hechos que están ampliamente documentados. Confiamos que en este caso se alcance la tan anhelada Justicia, y no tengamos que observar como ya ha sucedido con acusaciones por peculado en contra de exfuncionarios ulisistas, derivadas de auditorías realizadas por parte de la Secretaría de la Contraloría, que a pesar de existir las pruebas, la justicia no se aplica por falta de formalidades.
La impunidad debe terminar en Oaxaca.