Con el objetivo de fortalecer el trabajo en redes que promuevan acciones para la creación de políticas públicas que atiendan la prevención, protección, investigación y la sanción de delitos cometidos contra Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, Código DH en alianza con Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC), Protection International, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la organización alemana Pan para el Mundo, realizaron el Encuentro de Personas Defensoras y Periodistas ‘Hacia una Política Integral de Protección en Oaxaca’ los días 14 y 15 de octubre en la capital del estado.
Durante el evento se reflexionó sobre la situación actual de activistas y periodistas en materia de protección en el estado y se organizaron mesas de trabajo donde se discutieron y evaluaron las medidas urgentes para la atención de la crisis de seguridad que viven estos colectivos en México y garantizar su derecho a defender Derechos Humanos y a ejercer su libertad de expresión.
La conformación de estos espacios de trabajo entre organizaciones civiles nacionales e internacionales, personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas del estado de Oaxaca, tuvieron como objetivo reflexionar sobre los retos que afronta el Mecanismo de Protección dependiente de la Secretaría de Gobernación bajo dos premisas esenciales y estrechamente ligadas como: ¿qué hace el estado para garantizar condiciones de entorno seguro para realizar la lucha de defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico? y ¿de qué manera la sociedad civil establece una ruta de trabajo idónea para la exigirle al gobierno que cumpla con su deber de protección a activistas y comunicadores?
Como resultado del análisis de las experiencias vertidas en el encuentro, los asistentes concluyeron que resulta urgente que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales y locales reconozcan la inoperancia del mecanismo de protección existente y se le otorgue los recursos económicos y el personal suficiente para atender las situaciones de riesgo e inseguridad que enfrentan las personas beneficiarias.
Defensores comunitarios y periodistas responsabilizaron a las autoridades por los altos índices de impunidad en los casos de asesinatos, y exigieron la implementación de acciones preventivas y no sólo de ‘protección’ ante las amenazas que todos los días enfrentan en el ejercicio de su trabajo.