Por Eugenia Mata Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña AC
Nadie piensa o supone que los cambios en el ejercicio gubernamental se hacen de la noche en la mañana. El sistema actual, trasciende periodos de gobierno, fracciones parlamentarias, intereses económicos e incluso posiciones ideológicas.
Las necesidades y demandas de múltiples comunidades, colectivos, coordinadoras, de movimientos sociales o incluso militantes de partidos de oposición, en definitiva no se resuelven por decreto, ni espontáneamente. Tenemos la suficiente experiencia e inteligencia para saber, que no es así.
De otro lado, el gobierno estatal no debe olvidar que llegó al poder gracias a los votos que obtuvo, lo que refleja el deseo de una buena parte de la ciudadanía, que aceptamos otorgar un voto de confianza, creyendo que efectivamente se iban a generar cambios; cada quién sabrá el tamaño de su expectativa o esperanza, ése no es el problema.
Quienes no participamos o militamos en la política partidaria y el poder, los “ciudadanos de pie” y las diversas expresiones de sociedad civil, no olvidamos las omisiones y agravios vividos.
Ciertamente el gobierno estatal actual y en particular, el gobernador Gabino Cué, sabe de las carencias, deudas e injusticias que el gobierno oaxaqueño e incluso el federal, mantuvieron sin cambio; conoce las demandas y propuestas para resolverlas. En su beneficio, diría que a diferencia de la administración estatal anterior, conoce in situ o por interlocución directa con diversos actores sociales, del estado actual de las cosas.
No somos ingenuos(as) respecto a lo que implica una Coalición, en cuanto a los intereses partidarios particulares, cada quién está, como se dice coloquialmente “trabajando para su santo”, lo cual no debe impedir que se traduzcan, en medidas, políticas y un ejercicio de gobierno capaz de responder al interés de la ciudadanía.
El problema fundamental es ¿Cómo se logra -en el actual ejercicio de gobierno-, des estructurar los códigos, pactos y acuerdos del andamiaje priísta -que por cierto no me refiero solo al PRI- ya que tal partido, desde hace décadas, abonó estas formas de mal gobierno?
Es decir, ¿cómo se consigue que un gobierno trascienda los compromisos cupulares y partidistas, los acuerdos con los que ya se fueron y que aun obstaculizan el ejercicio de gobierno, o los nuevos grupos de poder, que cobijados bajo la democracia, se aprovechan para repetir los mismos esquemas por sus intereses políticos, económicos y partidarios?
Alguien nos dijo en una reunión, que quisiera que nos sentáramos del otro lado de la silla. Me parece que la mejor manera de ayudar a este gobierno, es que como sociedad civil seamos un real contrapeso y no perdamos nuestra capacidad de cuestionar, criticar, proponer, aportar, participar o incluso oponerse, a las decisiones de gobierno contrarias a los intereses de la población, violatorias de los derechos humanos o mediatizadoras del descontento. Habrá quién por sistema y respondiendo a intereses específicos, se oponga, creo que no es nuestro caso.
Como se me ha pedido, trataré de caracterizar la coyuntura actual, destacando algunas de las cuestiones más significativas:
La composición de gobierno
Nadie duda de la virtud de un gobierno plural con diversas visiones y posiciones a su interior; lo que no puede entenderse es que en el gabinete actual, a la par de que colaboran personas probas y bien intencionadas, estén otras no solo incapaces, sino que cumplieron un papel de ágiles instrumentadores de las políticas que en anteriores sexenios, contribuyeron a que Oaxaca se encuentre en la situación actual, que obedecieron a los intereses del PRI; son funcionarios reciclados. También se hizo de lado a personas que respondieron a su vocación de honestidad y profesionalidad, su capacidad técnica para operar, aun cuando vemos la dificultad del gobierno para operar las políticas públicas y los presupuestos.
La procuración de justicia
Sin duda una cuenta histórica pendiente en Oaxaca, es la aplicación de la justicia para quienes les han sido violados -de manera sistemática- sus derechos humanos y que de manera masiva, por decir lo menos, vivió el pueblo oaxaqueño en el 2006. Todos sabemos de los grandes agravios que se cometieron y que orillaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a reconocer que Ulises Ruiz Ortiz fue el principal responsable de esas violaciones; lo que sucedió después es noticia conocida.
No se duda de las buenas intenciones gubernamentales que se han establecido; hace poco el Gobierno Estatal reconoció ante la CIDH – aunque no fue en su periodo-, la responsabilidad gubernamental en las violaciones que sufrió un dirigente social. Pero por ello es más preocupante que no se diseñen las estrategias gubernamentales prontas y contundentes, para que se enjuicie a quienes fueron responsables, desde el más alto nivel de las graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar las víctimas y los familiares, cuándo descansarán en paz quienes fueron asesinados impunemente?
A la par, en los órganos de procuración de justicia, los jueces y ministerios públicos, son los mismos de la anterior administración. No es creíble que ahora con el nuevo gobierno, tengan otra actitud y comportamiento, con profesionalidad, honestidad, justicia y apego a derecho que no mostraron anteriormente.
Las obras y finanzas públicas
Indiscutiblemente que el buen manejo de los recursos públicos representa la mayor prueba de credibilidad de un gobierno ante el pueblo. Como dice el dicho “obras son amores y no buenas razones”. Precisamente uno de los aspectos por los que existe un hartazgo en el pueblo oaxaqueño, es por las malas prácticas sostenidas por décadas: particularmente el mal uso de los recursos públicos para obras que no son necesarias, ni menos aún consensadas; sólo como ejemplo, está la Velaría en el Auditorio de la Guelaguetza, pero no están presentes, la serie de obras en infraestructura de caminos, vivienda, drenaje, escuelas, clínicas, pavimentación urbana. Hoy hace falta invertir recursos para lo realmente necesario.
Por supuesto aplaudimos la aplicación de auditorías. Las declaraciones iniciales nos reportan lo que ya sabíamos o por lo menos sospechábamos: que una buena parte de los recursos gubernamentales, no fueron debidamente aplicados y sirvieron para intereses partidarios, ajenos a las necesidades de la población. Dos elementos preocupan: el primero es si cuando se terminen estas auditorías, los autores intelectuales y materiales estarán al alcance de la justicia o ya habrán cruzado las fronteras; la segunda es si efectivamente se van a ejercer las acciones legales a las que haya lugar.
Es imperante que se planee e impulse un desarrollo social y democrático, que suponga mejoras sustantivas para la población, con un enfoque de derechos, universal y de género; y no solamente las obras para favorecer el gran capital.
El clima político
Aunque fue evidente el triunfo de la Coalición que llevó a Gabino Cué a la gubernatura del Estado, la forma como el Congreso Local resolvió muchos de los conflictos post electorales, demuestra que está más preocupado por los intereses partidarios, que por el respeto a la voluntad popular; esto fue más obvio, en los conflictos desarrollados en municipios que decidieron bajo el mal llamado todavía, régimen de usos y costumbres.
Sin señalar directamente a alguien, es claro que los múltiples conflictos políticos que se viven en el estado, muchos de ellos con raíces profundas y asuntos sin resolver, existen grupos de poder interesados en hacer quedar mal a este gobierno, para demostrar a la población que no es capaz de gobernar.
En el equipo gobernante se enfrenta la inexperiencia de funcionarios y funcionarias de gobierno, lo que pudiendo ser explicable, pero lo que no se justifica, es pensar que por el hecho de ser gobierno, se tiene siempre la razón, o que el pueblo debe darle el voto de confianza, per se. Los errores desafortunadamente, se pueden pagar muy caro y sería lamentable que en un proceso de transición democrática y más aun, un proceso de transformación profunda, sean otros los beneficiarios, que no se note la diferencia con la administración anterior y no sea el propio pueblo quién pueda vivir en mejores condiciones en todos los sentidos. La transición democrática apenas comienza… pero está en riesgo.
Los actos de represión que se han dado en los primeros meses de la nueva administración, como la represión a los maestros, la represión en las comunidades -incluida a las mujeres-, o de aquellos movimientos sociales que se han manifestado en contra de políticas como la instrumentación de proyectos de represas y minas, no son un buen signo, no es admisible que los coloque la mira gubernamental, a la par que al crimen organizado.
El ambiente federal
El ambiente federal es poco propicio por asuntos de inseguridad, por la presencia del crimen organizado y las detenciones forzadas. Un gobierno que se empeña en negar el daño nacional que ha tenido su estrategia, nos dice que debemos reclamar a los delincuentes, lo que poco ayuda para nuestro quehacer. Se coloca en el mismo plano a la delincuencia que a la disidencia.
El punto es que hoy es muy frágil el piso de seguridad o certeza para los defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Cómo se generan condiciones políticas y certeza de seguridad para los defensores?
En el trabajo con mujeres nos preocupan las que están haciendo defensa. Hay que diseñar e instrumentar un mecanismo de protección para las personas que estamos participando desde las organizaciones sociales y civiles.
Ciertamente no resulta sencillo ni rápido, andar el camino de la justicia. Hasta el momento no debe compararse al nuevo gobierno con los anteriores gobiernos priístas, no es lo mismo. Pero para evitarlo, tiene el reto de cumplir con aquellas promesas de campaña y sobre todo con las expectativas de hombres y mujeres de todas las geografías del estado de Oaxaca, de que gradualidad no signifique inacción; que tolerancia no signifique impunidad en delitos contra las mujeres; que pluralidad no signifique responder a los intereses de unos cuantos o nada más de los partidos políticos; que apertura no signifique violentar la autonomía y recursos naturales de los pueblos indígenas; que democracia no signifique limitar participación ciudadana; en fin, que transición sí signifique transformación de los pueblos de Oaxaca.
Oaxaca, 12 de mayo de 2011