A un año del ataque en que fueron asesinados Alberta Cariño Trujillo y el activista finlandes Jyri Jaakkola y heridas 6 personas más, continúa nuestra exigencia de justicia en este otro caso de impunidad.
Recordamos que días antes del ataque a la caravana humanitaria internacional que se dirigía a San Juan Copala, Rufino Juárez, líder de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), lanzó amenazas en contra de esta iniciativa internacional. Según consta en los testimonios del ataque, estas amenazas se cumplieron.
Estos hechos ponen en evidencia la existencia de grupos paramilitares cobijados desde los diferentes niveles de gobierno operando en zonas al margen de la ley, como sucede en la región triqui de Oaxaca. Hasta ahora los nulos resultados de la investigación que la Procuraduría General de la República PGR realiza tan sólo evidencia la protección oficial que estos grupos tienen.
Esta situación demuestra la flaqueza del discurso del gobierno estatal de atender los rezagos en materia de justicia y derechos humanos. Al respecto cabe mencionar también el caso de la fallida “Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social” anunciada el 9 de marzo pasado, la cual hasta el momento se encuentra sin un nuevo fiscal luego de que fuera removido el abogado Guadalupe Lucas López Figueroa Robledo debido a sus antecedentes como juez de consigna en la administración del ex-gobernador José Murat.
Al mismo tiempo existen hechos que muestran la buena voluntad del Ejecutivo para atender algunos de los grandes rezagos en materia de justicia y derechos humanos, como lo son el reconocimiento de responsabilidad por la ejecución extrajudicial de Celerino Jiménez y la aceptación de la Recomendación 7/2009 de la CNDH por la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Sin embargo debemos mencionar que esto no se ha traducido todavía en acciones concretas que evidencien una lucha frontal contra la impunidad y el castigo a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
Además de que la reciente aprobación de la Reforma a la Constitución del Estado, donde quedan al margen los derechos de los pueblos indígenas, termina por generar desconfianza en un gobierno que se anuncia democrático, pero que en la práctica mantiene la impunidad.
Por ello, CODIGO DH
1. Exige resultados en las investigaciones por el asesinato de Bety y Jyri, la agresión a activistas y líderes sociales, así como el castigo a los responsables de las mismas.
2. El cumplimiento de los compromisos que el gobierno estatal ha contraido a nivel internacional en una lucha real por el respeto a los derechos humanos y contra la impunidad.
3. Alto al hostigamiento y la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGO DH)