El pasado viernes 26 de septiembre, mientras los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ejercían su legítimo derecho a la protesta y a la manifestación en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero; fueron atacados por la policía local. El resultado de estas agresiones fue de seis personas asesinadas, veinte heridas y 43 estudiantes desaparecidos.
Han pasado doce días desde aquellos lamentables sucesos, y aún se desconoce el paradero de los 43 normalistas.
Mientras tanto, nos hemos enterado por medio de distintas organizaciones de derechos humanos de la región y por los testimonios de algunos de los sobrevivientes y de familiares de las víctimas, de las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido por parte del Estado mexicano en sus diferentes niveles de gobierno, entre ellas: las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la ausencia de un protocolo efectivo de búsqueda de personas desaparecidas, así como de canales directos de consulta e información a los familiares sobre las líneas de investigación implementadas para la localización con vida de los desaparecidos.