La tortura tiene una doble naturaleza, como grave violación a los derechos humanos y como delito. Existe legislación internacional en la materia y leyes nacionales, así como una observación de organismos internacionales y nacionales en el tema.
El Programa Nacional de Prevención de la Tortura está previsto en la Ley General contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2017), sin embargo apenas el año pasado un amparo promovido por varias OSCs logró su publicación en febrero de 2025, con casi 8 años de retraso.
El programa prevee acciones de prevención y erradicación, capacitación, atención a víctimas, todas ellas bajo la coordinación de la Fiscalía General de la República, así como el impulso del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH. Sin embargo, a más de un año, el PNPT sigue sin activarse.
Ante la falta de atención a la problemática, de manera supletoria, la SEGOB impulsó en 2025 la Estrategia Nacional contra la Tortura, articulando a diversas instancias federales en la Campaña México sin Tortura, misma que este año se reactiva.
Sin embargo las acciones de prevención hacia los estados de la república, son un pendiente y una parte central en la problemática de la impunidad que se mantiene, a pesar de todo.
