La represión del 14 de junio de 2006 contra el magisterio oaxaqueño, desencadenó uno de los periodos más largos de protesta social a nivel nacional. Se conjugaron una intensa pugna por la presidencia de la República y una profunda crisis de legitimidad política del gobernador Ulises Ruiz ese año.
La jornada de movilización iniciada en junio se mantuvo hasta el 25 de noviembre de 2006, fecha en que la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), atrincherada en el zócalo de la Ciudad de Oaxaca, repelió el cerco ciudadano que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) había instalado, lanzo gases lacrimógenos contra la población civil en el centro de la ciudad y empezó detenciones masivas.
Las 139 personas detenidas en 2006 por elementos de la PFP fueron remitidas a los penales de Tanivet y Miahuatlán, y luego trasladadas al Penal Federal de El Rincón, Nayarit. De acuerdo a la documentación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), éstas sufrieron violaciones graves a sus derechos, entre ellas: tortura, detenciones arbitrarias, incomunicación, acceso a la justicia, libertad de expresión, entre otras. Por estos hechos, la CNDH emitió la Recomendación 15/2007 (ver).
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-152007
Hoy recordamos que desde el inicio del movimiento, la APPO fue uno de los actores más novedosos del movimiento social. La respuesta del Estado a la gran movilización que la APPO sostuvo desde el 14 de junio fue la utilización de grupos irregulares y la intervención de las fuerzas federales (Ejército, Marina, Policía Federal). La salida violenta del conflicto tuvo los siguientes saldos: más de 500 personas detenidas, 139 de ellas el 25 de noviembre, al menos 26 muertos y múltiples violaciones a los Derechos Humanos cometidas por diversos cuerpos policíacos.
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