En días pasados se realizaron en el Istmo de Tehuantepec, asambleas regionales consultivas para la creación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. La primera convocatoria fue 30 y 31 de marzo; y una segunda convocatoria de seguimiento de la consulta los pasados 18 y 19 de mayo con menos difusión todavía. Para los pueblos indígenas de la región, se vulneró lo establecido en los artículos 6 y 7 el Convenio 169 y en especial los principios de previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Vayamos por partes.
El protocolo de la consulta se dio a conocer el 14 de marzo, se publicó el 15 en su página web, con algunas notas en medios impresos, sin embargo la difusión en las comunidades se realizó de forma impresa en español dos días antes, como sucedió en San Mateo del Mar, en general se entregó con poco tiempo de anticipación. La convocatoria emitida por la SHCP y el INPI estableció 7 sedes, 5 en Oaxaca y 2 en Veracruz, a saber, Santiago Laollaga, Jaltepec de Candoyoc, Santa María Chimalapas, San Mateo del Mar y San Pedro Huamelula en Oaxaca; así como Oteapan y Uxpanapa Veracruz. Cabe señalar que ante el rechazo manifestado en San Mateo la sede se cambió a Salina Cruz un par de días antes (ver nota).
A las prisas se sumó la falta de claridad sobre la materia de la consulta. El protocolo señala la creación del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, y en la convocatoria emitida se puede leer que “El Corredor Multimodal será la columna vertebral del Programa”, sin embargo, las autoridades locales fueron invitadas a traer sus peticiones de proyectos y funcionarios del INPI recorrieron las comunidades ofertando los posibles proyectos; desvirtuándose con ello el objetivo de la consulta, donde prácticamente no hubo información sobre los proyectos que integran dicho corredor multimodal, entre ellos el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, las ampliaciones de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, las carreteras y aeropuertos dentro del Istmo de Tehuantepec.
Así mismo, y de acuerdo a la convocatoria, la consulta se agotó en un día de trabajo, entre acusaciones de acarreo y/o ausencias de comunidades afectadas, escasa asistencia en Salina Cruz, falta de información, de participación, de traducción a lenguas originarias y hasta intimidación a personas defensoras. Un recuento detallado de lo ocurrido en 4 de las 5 sedes definidas, se encuentra en el informe de la Redecom (checar)
Finalmente, las reuniones de seguimiento realizadas a mediados de mayo siguieron en la misma dinámica de la entrega de proyectos y recursos por parte del INPI, aunado a la escasa información sobre la realización de las mismas y donde la convocatoria fue selectiva; por ejemplo, algunas cooperativas pesqueras fueron citadas a venir para la entrega de sus documentos. Tampoco se leyó el acta de la reunión anterior y hubo incluso autoridades que no pudieron participar al no estar en la lista oficial de las convocadas, de acuerdo a testimonios recabados por Codigo DH.
Queda claro que las comunidades y organizaciones en resistencia reivindican, antes que nada, su derecho al territorio y ven el derecho a la consulta como secundario. Sin embargo el discurso estatal señala que busca una relación diferente con los pueblos y comunidades, sin embargo vemos como se reproducen los vicios del pasado en algo tan simple como que no se entregó el acta en cada una de las sedes, dejando a la consulta como un mero trámite.
Al final de este proceso, vemos una política indigenista en el viejo estilo, con un discurso de respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que cubre formalismos pero con una práctica que no deja espacios reales para la toma de decisiones sobre las prioridades del desarrollo, el ejercicio pleno de sus derechos y que abona a la criminalización de las personas defensoras.