San Dionisio del Mar enfrenta un conflicto social desde el año 2012 que ha adquirido tintes electorales en los últimos meses. El último episodio fue el ataque armado que sufrieron 5 integrantes de la Asamblea General de de San Dionisio del Mar, el pasado 29 de marzo. Dicho ataque fue realizado por personas afines a la presidenta municipal, quienes han continuado con amenazas a integrantes de la Asamblea y los propios heridos, a quienes les han dicho que “si la vez pasada no los mataron, la próxima ocasión si”.
Cabe señalar que dicha agresión ha indignado a las y los integrantes de la Asamblea, pues tres de los 5 heridos mantienen las postas incrustadas en el cuerpo y aún no es clara su situación y consecuencias a futuro. En dos casos existen afectaciones en la movilidad extremidades y uno de los heridos, que fue operado del estómago para extraerle una posta que pudo costarle la vida, continua en recuperación. Por ello también la Asamblea ha exigido una adecuada atención a la salud, sin que hasta el momento se haya cumplido a cabalidad.
A 82 días del ataque con arma de fuego, de la denuncia correspondiente, y que la carpeta de investigación ya se encuentra en el Juzgado de Garantía, no se miran avances sustanciales que apunten al esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades en dicho ataque.
La agresión armada del 29 de marzo es el momento clave de los últimos meses que más contribuyó a la polarización social de San Dionisio del Mar, de ella se desprende la decisión de la Asamblea a rechazar la realización de elecciones y que mantiene un contexto local de confrontación.
Al Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGO DH) le preocupan los siguientes aspectos:
- Las constantes amenazas y criminalización de los integrantes de la asamblea entre ellos, Alejandro Sosa, Alejandro Matus, Aquilino Altamirano y Saidel Palafox, Adrian Velasquez, Guillermo Orozco, Rosalino Ríos; así también de los 5 heridos.
- La falta de justicia en el proceso que se sigue contra los agresores del ataque armado, así como la falta de un procedimiento expedito y apegado a derecho que deslinde responsabilidades.
- La adecuada atención a la salud de los heridos, pues las afectaciones a largo plazo en su salud requieren de un monitoreo constante y experto para evitar mayores afectaciones.
- El desarrollo de una campaña de difamación contra la Asamblea al calificarlos de “delincuentes”, esta criminalización no es nueva y en cada ocasión ha sido para pedir, desde los grupos en el poder, el uso de la fuerza pública.
Por lo tanto, EXIGIMOS al gobierno del Estado que tome las medidas necesarias para resolver de fondo el conflicto en San Dionisio del Mar y no continué en la administración del mismo. Para ello es necesario atender las necesidades de la población y garantizar el derecho que tienen las personas defensoras de defender derechos humanos.
Recordamos que San Dionisio del Mar es una de las comunidades afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017 y que la Asamblea ha estado demandando la realización de un segundo censo ante el evidente beneficio de una parte de la comunidad afin a la autoridad municipal.