Stuttgart, 11 de mayo 2018
Proceso Heckler & Koch – cómo los fusiles automáticos alemanes G36 coadyudan a graves violaciones de derechos humanos en México.
Guerrero, un estado federado del sur de México, es uno de los focos de violencia en México. En la “guerra contra el crimen organizado” declarada por el presidente Calderón en el 2006 este estado, igual que otros muchos, fue fuertemente militarizado. Esto agudizó la ya entonces crítica situación de derechos humanos.
En la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados por la policía local, seis personas murieron durante los enfrentamientos y otras 40 fueron heridas de gravedad. Ha sido probado que durante los incidentes las fuerzas armadas utilizaron fusiles automáticos G36 de producción alemana. Sin embargo, y según indica el permiso de exportación otorgado a Heckler & Koch, estas armas no deberían haber llegado a este estado mexicano. Ya en 2011, dos estudiantes en Guerrero murieron a consecuencia de disparos de la policía durante una manifestación. Es muy probable que los policías estaban armados con fusiles automáticos tipo G36.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que hasta el día de hoy sigue sin aclararse, dio lugar a masivas protestas de la población ante el comportamiento represivo de las fuerzas de seguridad mexicanas. Además contribuyó a que la opinión pública en todo el mundo tuviera conocimiento sobre la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas en México. Más de 35.000 personas están desaparecidas según datos oficiales. Por lo general su paradero no ha sido aclarado, ni los autores de los hechos no han sido llevados ante la justicia.
Las investigaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes ofrecieron en 2016 nuevas aportaciones sobre el caso Ayotzinapa que la Procuraduría General de la República podría haber investigado. Sin embargo, el Estado mexicano se mantiene firme hasta el día de hoy sobre su versión de los hechos. Según ésta, la policía local entregó los estudiantes a una banda del crimen organizado, que calcinó a las víctimas en un basurero local, una tesis que ha sido refutada científicamente.
La Procuraduría General de la República se ha visto confrontada con acusaciones de tortura durante el desarrollo de la investigación en este caso. Según un informe recientemente publicado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las autoridades investigadoras mexicanas siguieron la práctica de forzar confesiones de los sospechosos por medio de la tortura, en lugar de recopilar material probatorio. 34 de las 129 personas detenidas en relación con este crimen declararon haber sido torturadas durante los interrogatorios.
Aquí en Alemania el proceso en Stuttgart debe sobre todo aclarar si la exportación de miles de fusiles G36 entre 2006 y 2009 a los estados mexicanos como Guerrero ha infringido la ley de control de armas de guerra así como la ley de comercio exterior, al carecer de un permiso de exportación. En caso afirmativo quedarían probadas la responsabilidad directa de un fabricante de armas alemán así como la de las autoridades alemanas competentes en la materia, por graves violaciones de derechos humanos en México. El gobierno federal alemán tenía conocimiento de la precaria situación de derechos humanos en todo México. Las limitaciones en la exportación de los fusiles automáticos G36 a algunos estados federados mexicanos especialmente conflictivos eran, ya entonces, insostenibles desde una perspectiva de derechos humanos. Todo esto indica la existencia de un acuerdo que hizo posibles estas exportaciones.
No debe autorizarse la exportación de armas a México mientras exista un riesgo de que éstas puedan facilitar o ser empleadas para violar los derechos humanos en México. La Coordinación Alemana demanda a las autoridades alemanas que aplique mecanismos reforzados y sistemáticos para controlar el paradero de las exportaciones alemanas de armas.
El proceso penal contra Heckler & Koch ha despertado mucha atención en México, ante una situación de impunidad generalizada en los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad del estado. Esto puede ayudar a los familiares de las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos a fortalecer sus demandas para que el caso Ayotzinapa sea investigado de forma completa, utilizando los instrumentos del Estado de Derecho, y así los familiares puedan finalmente saber lo que sucedió con sus hijos.
Además queda pendiente la investigación y sanción de los más de 35.000 casos de desaparecidos en México. En el caso Heckler & Koch, Alemania tiene una especial responsabilidad en lo referente a su esclarecimiento. La Coordinación Alemana por los derechos humanos en México demanda al gobierno alemán que se posicione sobre este tema y que ejerza la correspondiente presión política hacia México.
