- A LA POBLACIÓN EN GENERAL
- A los Gobiernos Federal y Estatal
- A la UABJO y la comunidad estudiantil
- A las organizaciones sociales y civiles
- A los organismos nacionales e internacionales de DDHH
La situación de alta conflictividad en varios estados del país, derivada de la aplicación de las reformas estructurales, en especial la educativa ha derivado en una intensa jornada de protestas que se extienden a la población, pues madres y padres de familia, estudiantes, población en general ha salido a apoyar al magisterio agrupado en la Sección 22 en Oaxaca.
En el Istmo de Tehuantepec los diversos bloqueos existentes, 11 contabilizados el día de hoy, de los cuales se mantienen 9, tienen el objetivo de evitar la incursión de las fuerzas federales y la generalización de la represión. La movilización y la protesta social son las medidas tomadas ante la cerrazón de los gobiernos estatal -ausente completamente de Oaxaca- y federal que se niegan a la instalación de una mesa de diálogo, y por el contrario se empeñan en la criminalización del magisterio y su exhibición ante los medios de comunicación como delincuentes, violando con ello sus derechos procesales.
En la región hubo ya varios enfrentamientos durante el día: Zanatepec, Mixtequilla, Ciudad Ixtepec y Tehuantepec, con un saldo de al menos 3 personas heridas. En Juchitán se han detectado personas infiltradas en los bloqueos y la presencia de grupos de choque que se desplazan en vehículos de vidrios polarizados desde anoche; algunos de ellos han iniciado el robo a centros comerciales generando un clima de mayor irritación e inseguridad entre la población.
El riesgo de una escalada mayor de violencia y violación de derechos humanos es palpable en la región. Es urgente evitar un derramiento de sangre ante la crispación social que genera el actuar represivo del gobierno federal. La cerrazón no es el camino que conducirá a la solución del problema educativo en México, y que se hace ver en los medios de comunicación como un asunto exclusivamente de maestros es falso.
Por ello, exigimos la atención de las demandas magisteriales para evitar una mayor violencia y la pérdida de vidas humanas. Urge abrir el diálogo. No es con la fuerza de las armas contra la población y sus maestros, ni con la dirigencia magisterial en la cárcel como este país deber ser gobernado y la problemática de la educación atendida.
Llamamos al debate público de las implicaciones de las reformas a la educación y a la salud que se encuentra en puerta, y que afecta sobre todo a la población trabajadora y de menores recursos en este país.
Llamamos a las y los estudiantes, a las universidades públicas, a los sindicatos, a hacer un frente que detenga la ola privatizadora que amenaza a nuestro país y que se traduce en los nuevos acuerdos comerciales como las recien aprobadas Zonas Económicas Especiales y la negociación del Acuerdo Transpacífico en curso.
Pedimos a las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, a las embajadas a exhortar al gobierno mexicano a privilegiar la vía del diálogo para evitar una escalada mayor de violencia.