Desde septiembre de 2015 la Ley de Zonas Económicas Especiales fue anunciada por el presidente Peña y enviada al Congreso de la Unión para su aprobación, sin que hasta la fecha se haya aprobado. En esta propuesta de “desarrollo”, que recuerda al Plan Puebla Panamá, nuevamente los pueblos originarios no son tomados en cuenta, y se fabrican “soluciones para abatir la pobreza del sur del país” sin considerar la información, participación, ni consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas.
Pero ¿qué es una Zona Económica Especial? De acuerdo a la iniciativa es “una política dirigida a focalizar en espacios geográficamente definidos los esfuerzos de diversos agentes de los sectores público y privado, en acciones que impulsen el desarrollo de actividades económicas más productivas en las regiones con menores niveles de ingresos del país.” Dicho en otras palabras, se trata de crear ZONAS FRANCAS con privilegios fiscales y para las empresas que decidan invertir en ellas.
De acuerdo a la propuesta estatal ampliamente promovida en embajadas y países inversores, se trata de hacer de los puertos de Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Coatzacoalcos y Puerto Chiapas polos industriales para incrementar la competitividad y generar economías de aglomeración que reduzcan la pobreza y la desigualdad.
¿Qué es una economía de aglomeración? Si bien, la aglomeración facilita la circulación del capital, la reducción de costos y la diversificación del mercado de trabajo; así como la utilización colectiva de las infraestructuras de transporte, de comunicación y de los servicios urbanos. Pero también implica una serie de problemas como el encarecimiento, la contaminación, la agudización de problemáticas sociales y de explotación laboral. Y en regiones campesinas como el Istmo de Tehuantepec, el desplazamiento de actividades agrícolas tradicionales, la producción de alimentos y de poblaciones indígenas.
Recordamos que a partir de la aprobación de las reformas estructurales en 2014, se están ajustando en nuestro país las leyes para favorecer las inversiones privadas a lo largo y ancho del país, entre ellas las relativas a energía, telecomunicaciones, fiscal, hacendaria, entre otras.