En conferencia de prensa, organizaciones de derechos humanos, entre ellas Código DH, expusieron las prioridades que deberá incorporar la Ley General contra la Tortura que deberá ser presentada en los próximos seis meses por el Congreso de la Unión para cumplir con los estándares internacionales en la materia.
En un panorama en el que “la justicia se ha vuelto inalcanzable”, en palabras de Claudia Medina Tamariz (sobreviviente de tortura sexual, física y psicológica), la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la creación de la Iniciativa de Ley se vuelve necesaria para poder incorporar el enfoque y la experiencia tanto de las personas defensoras de derechos humanos como de las propias víctimas de tortura y para romper con las fallas de la legislación actual en la materia.
Las organizaciones señalaron que, pese a haber solicitado de manera formal ser incluidas en este proceso, hasta el momento no ha habido ninguna comunicación por parte del Legislativo federal. Subrayaron la necesidad de una investigación de calidad, la adopción de peritajes independientes y la eliminación del requisito de “gravedad” para romper con la impunidad imperante, pues según datos oficiales, pese a
existir más de 4mil denuncias por tortura entre los años 2006 y 2014, únicamente ha habido 5 sentencias condenatorias en el ámbito federal y 8 en el ámbito estatal.
Así mismo, destacaron la obligatoriedad de ignorar cualquier prueba obtenida bajo tortura en un proceso legal e investigar denuncias de tortura donde el fin no fuera obtener información.
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