COMUNICADO
Oaxaca vivió el 25 de noviembre de 2006 uno de los hechos masivos de represión más brutales en la historia del estado. Este día fueron detenidas más de 140 personas por Policía Federal que fueron trasladadas al Penal Federal del Rincón en Nayarit; otros presos políticos fueron trasladados a penales federales en Matamoros y Estado de México, así como a los CERESOS de Cosolapa, Miahuatlán y Tlacolula. Hoy vemos la misma práctica con los detenidos del 20 de noviembre en la Ciudad de México, quienes fueron llevados a penales federales sin mediar ningún procedimiento previo, como la propia ley establece. Violentando el proceso legal de las personas arbitrariamente detenidas y pone en evidencia que las instituciones de justicia no han cambiado.
Tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violaciones masivas a los derechos humanos fueron documentadas por organizaciones de derechos humanos locales, nacionales e internacionales que acudieron a Oaxaca ante la gravedad de los hechos ocurridos en la ciudad. Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) realizó una investigación sobre las violaciones a las garantías individuales violadas durante 2006 y 2007 a petición de la Camara de Diputados Federal.
En la resolución del Caso Oaxaca de la SCJN fueron encontrados culpables de acción y omisión personales como el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Otros personajes ligados a estos hechos de represión fueron Héctor Pablo Ramírez Puga, José Manuel Vera Salinas, Manuel Moreno Rivas, Sergio Segreste Ríos, Lizbeth Caña Cadeza, entre otros más. Varios de ellos ostentan cargos públicos dentro del PRI, señal de protección y de la corrupción que corroe a la clase política de este país. Algunos incluso han muerto en la impunidad como Lino Celaya Luria, quien recientemente falleció, y otros más fueron ultimados para garantizar su silencio como Alejandro Barrita jefe de la PABIC en 2006 y Aristeo Martínez, jefe de la Policía Municipal de Oaxaca.
Han transcurrido 8 años desde aquel 2006. A pesar de la documentación existente, basicamente las graves violaciones cometidas este año siguen en la impunidad, los procesos penales iniciados, como las denuncias por los asesinatos, la tortura a expresos de 2006, entre otras, no presentan avances ante la negativa del Estado para investigar, muestra palpable de que las instituciones de justicia no han garantizado la justicia y siempre contra quienes se oponen a él.
Hoy, casi en la recta final de este gobierno, se presenta la Comisión de la Verdad que las víctimas, familiares, organizaciones sociales y civiles hemos venido demandando al gobierno del Estado. Esperamos que puedan cumplir con la encomienda que han recibido, y que su quehacer sea claro, transparente y de cara a la sociedad, quien espera Justicia.
Por ello decimos: No olvidamos. Seguimos esperando Justicia, Verdad y Reparación para las víctimas de estos hechos.