México ha firmado y ratificado los principales instrumentos de la ONU, destinados a prevenir y erradicar la Tortura, los cuales son ya parte del ordenamiento jurídico nacional, como lo establece el Artículo 1 Constitucional. La firma y adhesión a estos instrumentos es de vital importancia porque el Estado Mexicano adquiere con ello las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover nuestros derechos.
Destacan: la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1981, ratificado en 2002) y la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (ratificada en 1986) y su Protocolo Facultativo (OPCAT, ratificado en 2005). Además ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1987), perteneciente al Sistema Regional Interamericano de la OEA. Cabe mencionar que este último brinda el mayor estándar para la protección y sanción de los responsables de la tortura.
La protección en materia de tortura, incluye las obligaciones del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar.
- PREVENIR implica el impulso de medidas legislativas, administrativas y judiciales y otras que impidan que se cometan actos de tortura. Así como de asegurarse de la existencia de garantías generales contra la tortura en los lugares de detención.
- INVESTIGAR de manera eficiente las alegaciones de tortura y establecer su competencia con el fin de SANCIONAR a los autores de todos los actos de tortura.
- REPARAR a las víctimas, quienes en todo momento tienen el derecho de recibir del Estado una reparación plena y eficaz, en los ejes de la restitución, indeminización, la readaptación, la satisfacción y la garantía de no repetición.
Para seguir de cerca el cumplimiento de estas obligaciones, estos instrumentos prevén exámenes periódicos y visitas por parte de los mecanismos internacionales a nuestro país. En 2013, fue la segunda vez que México fue sometido al Examen Periódico Universal (EPU), en donde recibió 176 recomendaciones, de las cuales 10 son sobre el tema de Tortura, destacando:
- La armonización del marco jurídico contra la tortura con las normas internacionales de Derechos Humanos.
- Promover el uso del Protocolo de Estambul para determinar casos de tortura y la capacitación de expertos forenses en su aplicación.
- Garantizar que investigaciones de presunta tortura no sean llevadas a cabo por la misma autoridad acusada de cometer tales actos. Así como la sanción de los responsables de actos de Tortura.
- Garantizar la inadmisibilidad de evidencia obtenida bajo tortura en procesos jurídicos.
- Erradicar el arraigo penal a nivel federal y estatal ya que va en contra de estándares internacionales de derechos humanos.
- Mejorar las leyes que rigen las prisiones y el código penal para que sean basadas en derechos así también como las leyes diseñadas para eliminar la violencia en las prisiones.
Desde la Sociedad Civil, organizaciones como CODIGO DH están dando seguimiento a estas recomendaciones y a las diferentes visitas de instancias internacionales de derechos humanos como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, que visitó nuestro país en abril y mayo de este año para entrevistarse con autoridades, sociedad civil, víctimas, y visitar lugares de privación de la libertad en distintos puntos del país.
El próximo 26 de Junio se conmemora el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, y es una ocasión para recalcar el derecho internacionalmente reconocido de todos los hombres y las mujeres a vivir libres de la tortura.