El día de ayer fue asesinado Bernardo Vásquez, líder de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán y opositor a la operación de la minera canadiense Fortuna Silver en San José del Progreso. Fue emboscado al llegar al crucero de Santa Lucía Ocotlán donde dos personas más resultaron heridas. Cabe mencionar que el pasado 18 de enero fue asesinado tambien Bernardo Méndez V. por personas ligadas al presidente municipal y donde hasta el momento no hay ningun detenido por estos hechos.
Nos alarma la situación de indefensión que viven los defensor@s comunitarios de derechos humanos. Desde el inicio del año hemos vivido en Oaxaca un incremento alarmante en la criminalización de al protesta social y la agresión a defensores de derechos humanos, entre ellas, la detención de Bettina Cruz Velásquez el 22 de febrero, quien es integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio; a fines del mismo mes el Maestro Francisco Toledo recibió diversas amenazas ante su activa participación para frenar el distribuidor vial de Cinco Señores; el 3 de marzo por segunda ocasión fueron hallanadas las oficinas de Consorcio. Y sigue la situación tensa con las empresas eólicas en el Istmo de Tehuantepec.
Es preocupante esta nueva ola de agresiones hacia l@s defensor@s de derechos humanos y el aumento en la criminalización de la protesta social que se mira en los medios de comunicación, así como la falta de actuación de las autoridades para prevenir daños irreparables como la pérdida de la vida. Nos preguntamos, ¿cuantas muertes más se necesitan para cerrar esa mina que ha sido la causa de la profunda división en la comunidad de San José del Progreso?
Por ello, el Comité de Defensa Integral de derechos Humanos Gobixha exige:
- Una investigación pronta para dar con los responsables del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez y Bernardo Méndez Vásquez.
- La protección efectiva de l@s defensor@s comunitarios de San José del Progreso, ante el riesgo de nuevos ataques
- Un alto a la criminalización de la protesta social y protección efectiva a l@s defensor@s de derechos humanos en Oaxaca.
- La creación de una verdadera política de derechos humanos que atienda de manera prioritaria la seguridad de las y los defensor@s de derechos humanos.