La justicia transicional se refiere a las medidas judiciales y no judiciales que un nuevo gobierno requiere establecer para pasar de un contexto de violación a los derechos humanos a un Estado de normalidad democrática. Esta transición es la que se juega Oaxaca en este momento.
En el caso de esta entidad, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinaron que el gobierno de Oaxaca, encabezado por el ex-gobernador Ulises Ruiz, violó de manera grave los derechos humanos de los oaxaqueños en el contexto del conflicto social del 2006.
Por lo anterior, el actual gobierno de Oaxaca asume con un déficit de gobernabilidad democrática que requiere tomar medidas de justicia transicional. No se puede suponer que la sola alternancia partidaria y la creación de cargos garantice la gobernabilidad democrática si antes no hay muestras claras de compromiso con la justicia y los derechos humanos.
El gobernador Gabino Cué, como cabeza de un estado señalado como violador de los derechos humanos, tiene una deuda con las víctimas de los hechos violentos del 2006. Tanto los deudos de los muertos, aquellos que fueron privados de la libertad sin un debido proceso, las personas que fueron golpeadas y torturadas, y la sociedad en general siguen esperando verdad y justicia.
“Verdad” implica una investigación seria y profunda que deje claro quiénes tomaron las decisiones y quiénes ejecutaron los actos violatorios de derechos humanos y darlos a conocer a la opinión pública; no sólo a través de instancias procesales que enfrentan limitaciones técnicas y humanas, sino de una “Comisión de la Verdad” que detalle los hechos y las historias que pueden ser base para sanar las heridas y recomponer el tejido social.
“Justicia” implica castigo a los responsables y reparación a las víctimas. No puede haber acuerdos o arreglos políticos que solapen la impunidad a cambio de prebendas presupuestales u otros beneficios del PRI al nuevo gobierno. Sólo puede haber reparación si hubo investigación y se indemnizan los daños, se rehabilita social, moral y psicológicamente a las víctimas, se les brinda satisfacción a través de disculpas públicas, reconocimientos de inocencia, se coloquen señales en las vías públicas que recuerden lo que pasó y de quiénes fueron las víctimas, y se den garantías de que tales hechos no volverán a ocurrir (reformas legales, capacitación a funcionarios, medidas de transparencia y rendición de cuentas, etc.).
Por supuesto que Gabino Cué goza de un bono democrático que no es lo mismo que normalidad democrática, también es verdad que las reformas aprobadas a la Constitución de Oaxaca pueden ser un anticipo de las garantías de no reparación, y que no está mal que se ofrezca una compensación monetaria a las víctimas. Sin embargo, nada puede sustituir a la investigación de los hechos y el conocimiento de su verdad histórica como base de una autentica y proporcional indemnización; nada puede sustituir el castigo a los responsables y sobre todo; no se puede dar por concluido un proceso de reparación sin una satisfacción integral a las víctimas.
En las víctimas de los hechos violatorios del 2006 Gabino Cué tiene una prueba de fuego sobre el carácter verdaderamente democrático y transicional de su gobierno y será un termómetro sobre su real compromiso con los derechos humanos más allá de la creación de oficinas que lleven este nombre en su membrete.
- Fuente: El Universal : Justicia y Verdad para Oaxaca: Juan Carlos Martínez