Concluyó visita de relatora de ONU sobre pueblos indígenas

Declaración de cierre de misión Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz:

Durante mi visita, pude reunirme con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Comisión Nacional de Seguridad; el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); el Consejo Consultivo de la CDI; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; el Instituto Nacional de las Mujeres; el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Comisión Nacional Forestal; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados; la Comisión Nacional del Agua; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; la Secretaría de Cultura; la Secretaría de Finanzas; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Energía; la Secretaría de Turismo; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; la Secretaría de Economía; y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, sostuve reuniones con representantes de la Procuraduría General de la República; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Consejo de la Judicatura Federal; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Superior Agrario.

Me reuní también con representantes de los Gobiernos de los Estados de Chiapas, Chihuahua y la Ciudad de México, y con representantes de la municipalidad de Tlapa de Comonfort, en el estado de Guerrero. Lamentablemente, no pude reunirme con representantes del poder legislativo, a pesar de haberlos incluido en la agenda de mi misión.

Lamento mencionar que el nivel de diálogo e interacción sustantiva en algunas de las reuniones que mantuve con autoridades gubernamentales fue, a veces, limitado. Por el contrario, en el nivel estatal, en la Ciudad de México, Chihuahua y Chiapas, la dinámica fue más productiva. Debido a la falta de tiempo para mantener discusiones exhaustivas sobre las muchas cuestiones relevantes, he enviado preguntas por escrito, y agradezco las respuestas que ya he recibido y que examinaré para desarrollar mi informe sobre el país.

 

He tenido también la oportunidad de reunirme con varios representantes indígenas en la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua y Guerrero. En total, pude reunirme con más de 200 representantes 2 de los pueblos indígenas, la mitad de los cuales eran mujeres.

Pertenecen a 23 pueblos indígenas y “pueblos originarios” diferentes, procedentes de 18 Estados. Tengo la intención de enviar al Ministerio de Asuntos Exteriores una lista de los casos que se me presentaron, para lo cual cuento con el consentimiento de los implicados. He mantenido también reuniones con organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, el equipo de las Naciones Unidas en el país y otros actores relevantes.

El objetivo de mi visita era doble: examinar la implementación de las recomendaciones realizadas por mi predecesor el Relator Especial Rodolfo Stavenhagen en 2003, y evaluar cómo México ha incorporado sus compromisos internacionales de derechos humanos en relación con los pueblos indígenas. México es un país increíblemente vasto, diverso y complejo.

Teniendo esto en cuenta, y el limitado tiempo disponible para mi visita oficial, quiero centrar esta declaración preliminar en las principales cuestiones sistémicas y obstáculos que he identificado. Revisaré la abundante información que he recibido a lo largo de los próximos meses para desarrollar mi informe sobre el país. México tuvo un papel protagónico en la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (Declaración de la ONU). Además, el Presidente Peña Nieto reafirmó el compromiso de México con la implementación de la Declaración durante la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en 2014. Reconozco y alabo el apoyo de México para el avance de la agenda indígena en los foros internacionales, incluido el apoyo a mi mandato. Este compromiso debe ser coherente y debería reflejarse en la aplicación de estos estándares en México.

El Relator Especial Stavenhagen recomendó una revisión de las reformas constitucionales relativas a los pueblos indígenas de acuerdo con los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés. Además, un asunto pendiente reiteradamente enfatizado por los pueblos indígenas fue la necesidad de contar con un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, y no como simples sujetos de interés público.

Los pueblos indígenas expresaron que esto es un reflejo de la discriminación estructural y de la invisibilidad a las que se siguen enfrentando hoy en día. Esto fue observado por el CEDR en 2012, que expresó su preocupación por la profunda discriminación racial en México a pesar el desarrollado marco institucional para combatirla. Un avance importante desde la visita del doctor Stavenhagen es la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que es un paso importante para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones internacionales de derechos humanos de México.

De acuerdo con esta Reforma, el artículo 1 establece ahora las obligaciones de derechos humanos de México son directamente aplicables y pueden invocarse en todos los niveles de la estructura federal, lo que implica que las legislaciones, las políticas públicas y las sentencias judiciales tienen que respetar, proteger y promover estas obligaciones internacionales.

En el caso de los pueblos indígenas, estos incluyen el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que refleja el ámbito y contenidos de los derechos de los pueblos indígenas basados en los instrumentos universales de 3 derechos humanos de aplicación general.

En los siguientes comentarios, señalaré áreas particulares que deberían ser objeto de esta armonización. El inadecuado reconocimiento legal vigente de los pueblos indígenas como titulares de derechos, aunado a la discriminación estructural están en la base de todos los temas y las preocupaciones que señalaré en esta declaración, incluyendo tierras y territorios; autonomía, libre determinación y participación política; auto-adscripción de los pueblos indígenas; acceso a la justicia; violencia e impunidad; el derecho a determinar sus prioridades de desarrollo; consulta y consentimiento libre, previo e informado; derechos económicos, sociales y culturales, y la situación particular de sectores específicos de los pueblos indígenas.

Hay algunas cuestiones recurrentes y transversales que deben considerarse en el contexto de los temas analizados en esta declaración preliminar. En primer lugar, pareciera existir una falta de coherencia en el enfoque sobre la identificación de los pueblos indígenas.

En este sentido, se puede señalar que el concepto de auto-adscripción es correctamente utilizado por algunas instituciones federales y estatales, como la Secretaría de Salud, mientras que otras utilizan el criterio de inclusión a partir de listas gubernamentales para reconocer a una persona o comunidad como indígenas.

El debate sobre ‘pueblos originarios’ y ‘comunidades equiparables’ tiene que interpretarse también en este contexto. Parece también haber una falta de datos desagregados sobre los pueblos indígenas en las diferentes instituciones gubernamentales y, cuando existen, no está claro cómo se utilizan en la elaboración de políticas públicas o instrumentos normativos para garantizar que “nadie se quede atrás.”

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