Confirma ONU la urgencia de aprobar Ley General contra la Tortura acorde a los estándares internacionales

  • Nuevo informe del Relator sobre Tortura confirma urgencia de contar con una ley acorde a la Constitución y los tratados de derechos humanos.
  • Es injustificable demorarla más; el plazo constitucional para aprobarla venció hace más de un año.

Ciudad de México, 6 de marzo de 2017. El informe de seguimiento del Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, presentado por el nuevo Relator Nils Melzer ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el pasado jueves 2 de marzo, concluye que la tortura sigue siendo generalizada en México y reitera de urgencia de contar con la Ley General, cuyo plazo constitucional de aprobación venció hace más de un año.

El Relator refiere que la tortura “es comúnmente usada para la obtención de confesiones o como método de castigo” e incluye “la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas, y tortura psicológica”. Expresa “su preocupación respecto del uso de la violencia sexual en forma alarmante en las investigaciones” contra mujeres “de bajos recursos y de bajo nivel educativo”. Informa además que, “A pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes”.

Frente a esta realidad, el Relator resalta la urgencia de aprobar la Ley General pendiente en la materia, anunciada por el Estado hace casi dos años. Sobre el particular, brinda observaciones puntuales sobre el dictamen actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, puntualizando las modificaciones que se deben realizar para que la Ley se ajuste a las obligaciones del Estado. En particular, “se debe: eliminar las excepciones a la regla de exclusión de las pruebas obtenidas mediante tortura; contemplar claramente la responsabilidad de los superiores jerárquicos; y fortalecer al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura”. Insta además a revertir las regresiones introducidas por la Cámara, mismas que pretenden “restringir los alcances del registro nacional de tortura; limitar las denuncias de tortura por parte de algunas autoridades; acotar la facultad de atracción de las autoridades federales; y reducir las garantías de no intervención de servidores públicos presuntamente involucrados en actos de tortura en las investigaciones.”

Tanto el diagnóstico de la crisis de tortura que vive el país, como las fallas señaladas en el dictamen, hacen eco de las conclusiones de otros organismos de derechos humanos que han visitado el país en los últimos años, o que trabajamos día a día acompañando o estudiando casos de tortura. Ante el consenso sobre la necesidad de aprobar la Ley General corrigiendo los puntos señalados, consideramos injustificable demorar más el proceso e instamos a las y los Diputados a enfocarse de manera urgente en la perfección y votación de la ley, recordando su obligación ineludible de respetar y garantizar los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos, Asociadas por lo Justo (JASS), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, Equis, Justicia para las Mujeres, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j., Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA), Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, Universidad Iberoamericana, Torreón, Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana).