PRONUNCIAMIENTO
En la madrugada del pasado domingo 26 de junio, Salvador Olmos García, comunicador, músico y comerciante de Huajuapam de León, murió a manos de la policía municipal, en unas circunstancias que están aún por esclarecer. Después de entrevistarnos con su familia y amistades, hay que destacar la importante labor social que llevaba a cabo “Chava”, a través del programa de radio “Pitaya Negra”, en la radio comunitaria Tu’u Ñuu Savi, pero también a través de diferentes publicaciones en las que abordaba temas tan dispares como la igualdad de género o el impacto de la minería en Huajuapam, entre otras actividades que realizaba Salvador para expresarse ante las circunstancias que vivía y lo que observaba a su alrededor.
Es necesario señalar que la muerte de Salvador Olmos no puede considerarse como un hecho aislado sino que se engloba en un contexto mucho más amplio, de una constante criminalización y represión a activistas, jóvenes y comunicadores, sobre todo, aquellos y aquellas que han difundido información que pone de manifiesto violaciones a derechos humanos, como es el caso documentado de lo que “Chava” exponía. En el país, y en particular en Oaxaca, existen antecedentes de la criminalización y descalificación a los y las jóvenes que tienen formas de expresión diferentes.
Por otra parte, tras revisar las evidencias del caso relativo a la pérdida de la vida de “Chava”, nos preocupa que el caso se esté tratando como un simple homicidio, y que se esté dejando de lado la investigación con relación a la responsabilidad del Estado para brindar seguridad pública a los ciudadanos, en este caso a cargo del Municipio de Huajuapam de León, y específicamente del Presidente Municipal Lic. Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, ya que de acuerdo a la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública, forma parte de dicho consejo, como primer responsable a nivel municipal de la corporación de Seguridad Municipal. Resulta grave que los jóvenes y ciudadanos de la localidad sean agredidos hasta el grado de perder la vida por elementos encargados de brindar la seguridad en Huajuapam de León. Por ello, resulta una exigencia la investigación y deslinde de responsabilidades en ese tenor, circunstancia que desde ahora pedimos realice la fiscalía encargada de procurar justicia en el caso de Salvador Olmos.
Cabe destacar que la reforma del artículo 1° de la Constitución obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos. Por lo tanto, requerimos a las autoridades municipales y de procuración de justicia que su hacer este apegado a esta obligación que como servidores públicos tienen con la ciudadanía. Ambas instancias están obligadas a realizar desde lo que legalmente les corresponde, acciones que eviten la repetición de actos tan lamentables como lo sucedido a Salvador.
La exigencia de justicia de la familia de Salvador Olmos García es legítima. Desde Código DH, nos sumamos a ella, estando vigilantes de la investigación que en justicia debe considerar a todos los que participaron de dicho acto y aquellos que por omisión permitieron este asesinato.