La buena voluntad no es suficiente, los avances en materia de justicia y derechos humanos en Oaxaca, son escasos a pesar de los compromisos de campaña y ante instancias internacionales.
Algunos pendientes:
¿Dónde están los asesinos de José Jiménez Colmenares y de los asesinados en 2006?
¿Cuantos procesos abiertos existen por la tortura realizada contra activistas y líderes del movimiento social en Oaxaca?
¿Donde están los asesinos de Bety Cariño y de Jyri Jakkola?
¿Donde están los responsables del asesinato de Catarino Torres Pereda?
¿Quien es responsable de la represión del 15 de febrero y el ataque directo a los manifestantes?
¿Donde está el Profesor Carlos Rene Román Salazar desaparecido el 14 de marzo del 2011?
¿Porque las autoridades de seguridad reproducen prácticas violatorias de derechos humanos como la agresión a las mujeres de Santa María Lachixio?
¿Cuántos asesinatos de mujeres más en la impunidad?
¿Cuantos procesados existen por el desfalco al erario público?
¿Porque siguen en ascenso los intentos de linchamiento en este Estado?
Como estas, hay muchas preguntas y muchos pendientes del pasado reciente en los temas de Justicia, Derechos Humanos y lucha contra la impunidad en Oaxaca. A un año del “nuevo gobierno”, en el Estado carecemos de un avance significativo en estos temas, especialmente relacionados con el sexenio pasado, pues hasta el momento no hay un solo asunto resuelto, ni una sola persona procesada por estos hechos.
Consideramos que es la realización de las investigaciones y los procesos iniciados la única posibilidad de resarcir a una sociedad agraviada, que tiene derecho conocer la verdad y que se procure e imparta justicia. En este sentido, si bien se ha creado la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social no hay ningún avance en sus actuaciones.
El Estado no ha dado signos de avanzar en medidas de no repetición, de medidas de satisfación y dignificación a las víctimas y sobrevivientes de la represión. Es fundamental que dichas medidas sean construidas de manera colectiva, no se trata de armar “paquetes” desde la óptica gubernamental, de abrir instituciones o instancias que no generan confianza ni toman en cuenta la palabra de las víctimas, porque serán procesos unilateralmente planteados. Ante ello, la creación de una Comisión de la Verdad sería una alternativa para atender estas cuestiones.
Por lo que toca al nuevo gobierno, hemos visto a lo largo del año que se siguen reproduciendo situaciones de represión y de un actuar arbitrario en el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad, bajo el argumento de “preservar la ley”. Como en la incursión en comunidades indígenas, Santa María Lachixio (abril) y San Miguel Chimalapa. Preocupa la prevalencia de los esquemas policíacos sobre el diálogo y la búsqueda de soluciones con las comunidades.
El discurso trasmitido en materia de Derechos Humanos, por el Gobernador ante organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas, no se encuentra reflejada en la realidad Oaxaqueña, ya que hasta hoy los Oaxaqueños solo constatamos: la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones a DDHH, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención y procesamiento. Más aún, mientras se celebraba el Día de las Naciones Unidas en Oaxaca, es detenido con lujo de violencia un líder sindical, en franca violación a los derechos humanos, sin que hasta el momento se asuma la responsabilidad de estos hechos.
Hay grandes rezagos en materia de impartición y procuración de justicia que no están siendo atendidos oportunamente y que estan derivando en una cada vez mayor incidencia de intentos de linchamiento, el último hace pocos días en Tlaxiaco, y la existencia de algunos como en Tataltepec (agosto). La crisis que vive el aparato de justicia y el incremento de la inseguridad, se está traduciendo en un incremento de actos de justicia por propia mano, visto desde las comunidades afectadas se trata de autodefensa ante lo que considera justicia. Con ello, el Estado se desdibuja y pierde el control sobre estos actos, sin embargo, no son las políticas de mano dura la solución a estos hechos, sino un verdadero acceso a la justicia.
La falta de investigación y de sanción en los casos de corrupción ampliamente señalados en los medios (los más recientes en la Secretaria de Salud y CAO), que han dado la escandalosa cifra de más de 3500 millones de pesos desviados, requieren de una urgente atención por parte de este gobierno, pues su falta de aplicación vulnera los derechos humanos de la población en general, especialmente de las mujeres y de los pueblos y comunidades indígenas.
Esto es también una manifestación de impunidad, pues las autoridades se niegan a investigar a funcionarios públicos o agentes del Estado que han sido señalados como probables responsables de delitos, negando en todo momento el acceso a la justicia y reciclando funcionarios involucrados en actos de corrupción. Nos negamos a que estos actos se sigan reproduciendo, y exigimos se tomen las medidas necesarias para ello.
Resumiendo, es evidente el rezago en materia de derechos humanos; los esfuerzos realizados han sido insuficientes por lo que urgimos al gobierno estatal a implementar una política transversal de derechos humanos. Prevalece la impunidad a pesar de los compromisos adquiridos, con la ciudadania en campaña y con organismos internacionales, no hay avances palpables en materia de justicia. Exhortamos al Gobernador del Estado, el cumplimiento de sus propuestas de Campaña, VERDAD Y JUSTICIA para Oaxaca.