Alta Comisionada conoce la situación de impunidad en Oaxaca

Impunidad, realidad prevaleciente en Oaxaca

La lucha contra la impunidad requiere de acciones concretas en Oaxaca, sobre todo después de los años de autoritarismo que se han vivido en el estado. Desde nuestra perspectiva es necesaria una reforma estructural en el aparato de justicia que se ha caracterizado por la aplicación facciosa de la ley, la violación sistemática de las garantías y la incriminación falsa de líderes sociales o disidentes políticos.

Los actos de Ministerios Públicos (Fiscales), peritos y policía contribuyen a una nula aplicación de las normas, invalidando sus propias averiguaciones al ser revisadas por los órganos de impartición de justicia, generando o provocando desde los mismos, la falta de castigo a los responsables de delitos y en algunos casos llevan a procesos injustos a personas inocentes, institucionalizando la impunidad.

El reto es grande para el nuevo gobierno. Y en este sentido, los esfuerzos resultan mínimos hasta el día de hoy. El gobierno del Estado creó en el mes de marzo una Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social para retomar la investigación que dejo de realizar el órgano de procuración de justicia en años pasados, por ejemplo, las 23 ejecuciones y asesinatos, las 502 detenciones arbitrarias, las más de un centenar de personas torturadas y múltiples violaciones a derechos humanos debidamente documentadas por la CNDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el año 2006, sin embargo hasta la fecha no ha existido justicia para estos casos. Encontrándose pendiente el nombramiento del Fiscal anunciado por el nuevo gobierno, que cumpla con el perfil adecuado para garantizar investigaciones profesionales, imparciales y apegadas a la verdad, con perspectiva de respeto a los Derechos Humanos y que retome los casos pendientes en el ámbito de la procuración e impartición de justicia.

Es importante evitar el involucramiento de funcionarios ligados al régimen anterior y que desde su función han impedido la investigación de los abusos y de las violaciones a derechos humanos. Como fue el caso del primer Fiscal nombrado, Guadalupe Lucas López Figueroa identificado como un juez de consigna. Así mismo, es importante mencionar que existen hechos denunciados en esta nueva administración que se encuentran en la impunidad, tales como son casos de tortura y desaparición forzada, en donde el órgano investigador ha dejado de cumplir con su función.

Derecho a la Verdad

El gobierno del Estado ha comprometido ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (diciembre 2010) el fin de la impunidad, justicia y respeto a los derechos humanos, así como rendición de cuentas. De igual manera en el mes de marzo del presente año realizo el mismo compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como públicamente se comprometió con la ciudadanía a garantizar el derecho a la verdad, lo que hasta el día de hoy consideramos no está garantizado.

El Derecho a la Verdad abona a la paz, la justicia, la reparación del daño, la reconciliación, el reencuentro social y la progresividad de los derechos humanos. Consideramos que Justicia y Verdad son un binomio indispensable en la lucha contra la impunidad, y en Oaxaca, atender ambas es necesario y urgente.

De todos estos elementos se ha dado especial importancia a la reparación del daño, pero en una perspectiva eminentemente económica que va contra el carácter mismo de la reparación. Si bien, se han establecido una serie de mesas de trabajo con víctimas de la represión, las propuestas son insuficientes y carentes de toda visión de derechos humanos, lo que contribuye a la revictimización y la impunidad.

Por ello, y para atender de manera integral los agravios, consideramos necesaria la creación de una Comisión de la Verdad, que proponga un programa de reparaciones con el presupuesto necesario, donde estén incorporadas las peticiones concretas de l@s sobrevivientes de las violaciones a derechos humanos y cuente con una activa participación de la sociedad civil.

Oaxaca, 4 de julio 2011

Presentado por Alba Cruz, abogada de CODIGO DH