México actualmente ocup
a el primer lugar en espionaje digital, lo que pone en riesgo a activistas, personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas.
En un foro de denuncias realizado este mes de mayo en la Universidad Iberoamericana en el estado de Puebla, se expusieron denuncias sobre personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en riesgo.
Desde el 2007 la organización defensora de los derechos humanos y de la libertad de expresión, Artículo 19, ha presentado evidencias de violencia cibernética y espionaje digital en contra de periodistas con el fin de acallar a los medios que investigan y difunden algún tipo de información que “incomoda” al gobierno.
Tras 9 años de constantes agresiones y la creciente impunidad que impera en el país, también es uno de los lugares más peligrosos para el ejercicio periodístico y, en general, se viven condiciones crecientemente adversas para el ejercicio de las libertades.
La violencia que se vive en nuestro país se ha manifestado desde distintos ámbitos por lo que es importante analizar las actuales herramientas que son utilizadas para ejercerla, desde amenazas, desprestigios y señalamientos. Internet no solo ha servido para la conformación del nuevo espacio público en donde se privilegia la libre expresión de millones de usuarios que están sumergidos en este gran océano de información.
“El llamado troleo, acoso o abuso, es hoy una herramienta que busca acallar, mediante el miedo, a las voces críticas o incómodas para ciertos actores, tanto gubernamentales como particulares” dicho por Rosana Reguillo bloguera mexicana quien ha recibido amenazas de muerte a través de bots en Twitter tal como lo denunció para SinEmbargo en mayo de 2015.
Como parte de uno de los testimonios de periodistas que han sido víctimas de agresiones, y que denunciaron ante representantes de la ONU en dicho foro, uno de los colaboradores de un portal de noticias, recibió a inicios de este mes, hostigamientos por parte de un grupo criminal quienes operan en la zona de las montañas del estado de Guerrero y, que según investigaciones de su portal en línea han sido relacionados junto con el gobierno de ese mismo Estado, con 6 ejecuciones que derivaron de desapariciones y levantamientos forzados, que confirman lo anterior.
“En una plaza pública y concurrida una camioneta detuvo mi vehículo mientras personas armadas apuntándome a la cabeza me amenazaban y mostraban información personal, sobre mi trabajo, familia y amigos” expuso.
“Ellos me pedían que dejáramos de publicar e investigar sobre ese tema, mientras me aseguraban que tenían información y que ya nos tenían identificados” denuncio uno de los periodistas quien se mantiene en anonimato.
Es importante enfatizar que si antes existía una brecha entre la vida virtual y la vida real actualmente no la hay. Las agresiones cibernéticas han ido incrementando. Muestra de ello, en febrero del presente año, el gobierno de Puebla hizo Trending topic en Twitter el hashtag #AniquilaUnPeriodista dando paso a agresiones y amenazas a periodistas, lo que aumentó la inseguridad para quienes realizan esta labor.
Durante el foro de denuncias, medios de comunicación y periodistas expusieron su preocupación al verse amenazada su labor periodística, por los mensajes que llegan a través de bots de Twitter o el llamado troleo cibernético (cuentas falsas) algunos mensajes de muerte, con lenguaje misógino o de odio, también contienen phishing, es decir, un enlace que redirige a una aparente página de inicio de twitter que en realidad es falsa, con objetivo de robar la contraseña del usuario e información sensible.
Los periodistas también denunciaron contratos millonarios no solo por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto con empresas como GALILEO que brindan servicios del sistema espía denominado Hacking Team, en el cual han identificado 47 archivos Exploit los cuales realizan infecciones y extraen información sensible de Internet.
El sistema espía también ha sido utilizado por el gobierno de Veracruz y el gobierno de Moreno Valle en el estado de Puebla. Sin embargo, este último ha utilizado el nombre de universidades de prestigio en el país como presta-nombre para poder adquirir este tipo de servicios. Tal es el caso de la Universidad Iberoamericana de Puebla, la cual hasta el momento no ha realizado ninguna declaración para confirmar o refutar estos señalamientos.
Las organizaciones civiles y defensores de derechos humanos debemos cuestionar el riesgo que implica las relaciones entre Instituciones como la UIP, con gran prestigio dentro del país, para realizar firmas de contratos con empresas que ponen en riesgo datos personales no solo a los gobiernos sino aparentemente también a grupos criminales, las agresiones cibernéticas no deben quedar minimizadas, el riesgo que asumimos al formar parte de estas grandes redes de comunicación, las cuales no están reguladas, exige el fomento de una cultura de prevención y seguridad digital, así como a elevar el compromiso de defensores y organizaciones civiles para inhibir y denunciar estas prácticas.